La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados bonaerense este miércoles dictaminó el proyecto presentado por Patria Grande para suspender por 10 años los desalojos en villas y asentamientos precarios en la provincia de Buenos Aires.
En ese sentido, el cuerpo parlamentario presidido por el diputado de Fuerza Patria, Rubén Eslaiman, aprobó por mayoría el proyecto impulsado por la legisladora graboisista Cintia Romero. La iniciativa fue respaldada tanto el oficialismo y la Izquierda, mientras que La Libertad Avanza elevó un dictamen de rechazo. Por su parte, los integrantes del radicalismo y el PRO se abstuvieron.
El proyecto de Romero busca modificar el artículo 70 de la Ley provincial de acceso justo al hábitat (N°14.449). La normativa actual prevé un mecanismo de suspensión de un año de los desalojos en los barrios inscriptos en el Registro Público de Villas y Asentamientos Precarios. Con la nueva redacción, ese plazo se extendería a 10 años.
Según establece el articulado de la diputada alineada con el dirigente Juan Grabois, el plazo de 10 años se computará a partir de la entrada en vigencia de la ley “con independencia de la fecha de inscripción de la villa o el asentamiento precario en el registro”. La suspensión también se aplica a los procesos y actuaciones en trámite a esa fecha.
“Actualmente la provincia carece de un instrumento propio de protección contra los desalojos, a pesar de que los procesos de integración socio-urbana y regularización dominial, continúan, en su mayoría pendientes”, puntualizó Romero en los fundamentos del proyecto. El expediente ya tuvo el visto bueno de la comisión de Tierras y Legislación General, por lo que sólo le queda el despacho de Asuntos Constitucionales y Justicia para poder ser debatido en el recinto de la Cámara baja.

Durante el tratamiento en la comisión de Legislación General, el diputado del Frente de Izquierda, Christian Castillo, defendió la iniciativa. “Hay situaciones de desalojos en la provincia que son inadmisibles si lo que se entiende es el derecho al hábitat y la vivienda. Es evidente que el mercado no pudo resolver el acceso a la vivienda y hechos como el desalojo de Guernica de 2020 no puede volver a pasar”, afirmó.
Es preciso mencionar que el plazo de 10 años para frenar desalojos ya está contemplado en la Ley Nacional N°27.453 sancionada en 2022, que amplió el Régimen de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares. Sin embargo, el registro nacional no coincide en su totalidad con el universo del Registro Provincial de Villas y Asentamientos Precarios.
Según el registro provincial, existen más de 2.300 barrios que entran en la clasificación de villas y asentamientos precarios. Los municipios donde tienen mayor presencia es La Plata con 167; seguido de La Matanza (129), General Pueyrredón 92, Florencio Varela (72) y Lomas de Zamora (70).






