La comisión de Servicios Públicos de la Cámara de Diputados bonaerense avanzó este viernes con una serie de iniciativas vinculadas a la presencia de compuestos arsenicales en el agua, como el de la diputada de Unión y Libertad, Sabrina Sabat, que busca crear un Mapa Interactivo de Arsénico en Agua en la provincia de Buenos Aires para reunir y difundir información sobre la calidad del agua destinada al consumo humano.
La iniciativa, que fue aprobada por unanimidad, plantea desarrollar una plataforma digital de acceso gratuito que permita consultar los niveles de arsénico y otros contaminantes detectados en el agua. La idea es centralizar los resultados de los análisis y ofrecer información actualizada sobre la calidad del recurso, de manera que la población pueda conocer las condiciones del suministro en las distintas localidades bonaerenses.
Entre sus principales características, el proyecto propone incorporar un sistema de semaforización visual para identificar si las concentraciones de arsénico se encuentran dentro de parámetros seguros, en una zona de advertencia o por encima de los límites aceptables. Además, el escrito de Sabat contempla que cada registro incluya la ubicación geográfica de la muestra, la fecha de medición, la entidad responsable del análisis y la diferenciación entre agua de red y de pozo.
Durante el tratamiento en la comisión de Servicios Públicos, los diputados que integran el cuerpo destacaron la importancia de que la información sobre la calidad del agua esté disponible para toda la población, tanto para prevenir riesgos como para facilitar la intervención ante situaciones de contaminación. En ese sentido, propusieron representar los niveles detectados mediante colores y referencias geográficas, con un formato sencillo que permita comprender los datos.
En la reunión, se acordó modificar el artículo 3 del texto para que, cuando se superen los niveles de compuestos arsenicales permitidos, el Estado provincial deba garantizar una provisión alternativa, gratuita y segura de agua potable a la población afectada, en coordinación con los municipios y los prestadores del servicio. La asistencia deberá mantenerse hasta que se certifique que el suministro regular recuperó las condiciones de potabilidad.

Además, la comisión de Servicios Públicos incorporó un nuevo artículo 4 referido al derecho a la información, que establece que, ante la detección de niveles de compuestos arsenicales superiores a los permitidos, las autoridades y los prestadores deberán informar de inmediato a los usuarios sobre los riesgos, las medidas de mitigación y los lugares disponibles para acceder a la provisión alternativa de agua. La difusión deberá realizarse mediante medios digitales, sitios web oficiales y medios de comunicación.
El avance se suma al tratamiento conjunto de otros dos proyectos vinculados con el acceso al agua potable segura en municipios donde se detecten concentraciones de arsénico superiores a los límites admitidos por la normativa sanitaria, presentados por Sabat y la diputada de Fuerza Patria, Maite Alvado, que fueron unificados y aprobados por la mesa de trabajo.
Diputados: avanzaron dos proyectos para garantizar el acceso al agua potable en la Provincia
Los dos proyectos que se unificaron en la comisión de Servicios Públicos buscan que los habitantes de los municipios bonaerenses afectados por la presencia de compuestos arsenicales puedan acceder a agua potable segura. Para eso, las legisladoras proponen establecer obligaciones para el Estado provincial y mecanismos de intervención cuando los análisis detecten concentraciones del contaminante superiores a los valores permitidos. Sin embargo, las iniciativas plantean distintos niveles de alerta y responsabilidades para garantizar el suministro.
Una de las principales diferencias está en los valores de arsénico que se toman como referencia. El proyecto de Alvado propone fijar un límite máximo de 0,05 miligramos por litro (mg/L) y establece que el Gobierno provincial deberá impulsar medidas para reducir progresivamente esa concentración hasta alcanzar un valor guía de 0,01 mg/L. En cambio, la iniciativa de Sabat plantea actuar antes, al establecer un primer nivel de alerta de 0,005 mg/L que obliga a intensificar los controles y planificar medidas de prevención, y fijar en 0,01 mg/L el límite máximo tolerable, cuya superación activa medidas inmediatas.

También existen diferencias sobre quién debe garantizar el acceso a agua segura cuando el suministro habitual no cumple con esos parámetros. Alvado propone que el Estado provincial entregue agua potable gratuita a la población afectada, en coordinación con los municipios y las empresas prestadoras, hasta que el servicio regular recupere las condiciones de potabilidad. Sabat, por su parte, establece que las empresas prestadoras o concesionarias deben garantizar esa provisión alternativa, de manera inmediata y gratuita, y fija un plazo máximo de 48 horas para comenzar a distribuirla una vez confirmada la superación del límite establecido.
No obstante, las dos iniciativas contemplan mecanismos para informar a la población sobre la calidad del agua. Mientras que la diputada peronista propone publicar cada tres meses los resultados de los análisis y las zonas afectadas, la legisladora de Unión y Libertad plantea informar a los usuarios dentro de las 24 horas de conocidos los resultados, comunicar los riesgos y detallar dónde conseguir agua segura.
Además de las iniciativas vinculadas al arsénico, la comisión de Diputados aprobó un proyecto para crear un régimen de ahorro eléctrico en los edificios públicos y unificó otras dos propuestas que buscan avanzar con el soterramiento del cableado de telecomunicaciones y de las líneas de distribución de energía eléctrica. Ambas iniciativas fueron aprobadas con modificaciones, mientras que el proyecto de ahorro energético recibió el respaldo unánime de los integrantes de la comisión.
Por otra parte, los legisladores dieron curso a una declaración de repudio a la decisión del Gobierno nacional de denegar el aval para que la Provincia acceda a financiamiento internacional destinado a construir una planta de tratamiento de efluentes cloacales para La Plata, Berisso y Ensenada, la obra proyectada para 2027 que más dinero costará. También aprobaron, mediante un texto unificado, cuatro proyectos de rechazo al proceso de privatización de AySA, además de iniciativas sobre las deficiencias del servicio eléctrico en localidades de Carlos Casares y la puesta en marcha de la primera planta embotelladora de agua potable de ABSA en Ensenada.





