En las últimas horas, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó a través del Decreto 700/2025 publicado en el Boletín Oficial la continuidad del bono extraordinario previsional para los jubilados y pensionados en octubre, que será de 70 mil pesos, cifra que se mantiene congelada desde hace 19 meses pese al avance de la inflación y que en términos reales perdió gran parte de su valor, luego de ratificar un aumento de $6 mil pesos en los haberes mínimos.
En este contexto, los jubilados y pensionados marcharán esta tarde al Congreso para reclamar un aumento de haberes y la restitución de la ley de movilidad previsional vetada por el presidente Javier Milei, a la espera de revertir las represiones que sufren cada semana sobre la Avenida Entre Ríos, donde está ubicado el palacio legislativo.
Es preciso mencionar que, el bono se abonará junto a los haberes de este mes y alcanzará de forma completa a quienes perciben la jubilación mínima, mientras que los beneficiarios con ingresos superiores lo recibirán de manera proporcional hasta alcanzar un tope de 396.298,38 pesos, una suma que resulta de la combinación de la mínima de octubre (326.298,38 pesos) y el bono. En tanto, la medida también incluye a los titulares de pensiones no contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los regímenes especiales derogados.
Desde la ANSES explicaron que el beneficio tiene como objetivo compensar el impacto de la inflación sobre los haberes, aunque para los jubilados el monto fijado es insuficiente. Es que, cuando se otorgó por primera vez, en marzo de 2024, la inflación acumulada era sensiblemente menor y, según datos del INDEC, hasta agosto de este año los precios subieron un 90,49%.
En consecuencia, para que el bono mantuviera su poder adquisitivo debería ubicarse en torno a 133 mil pesos, aunque estimaciones privadas, como las del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), advierten que el valor real de la compensación que reciben los jubilados y pensionados debería ser cercano a 200 mil pesos.
En paralelo, este miércoles los jubilados realizan una nueva movilización al Congreso de la Nación, en continuidad de las marchas semanales y que cuentan, desde hace varios meses, con el acompañamiento de las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA). El objetivo central es exigirle al Gobierno que cumpla con la norma que establecía actualizaciones automáticas de los haberes y que fue vetada en junio, como parte de las medidas de ajuste fiscal que impulsa el oficialismo.
La protesta se da en un contexto en el que el consumo de los adultos mayores se encuentra severamente restringido: con haberes que apenas superan los 320 mil pesos y un bono de 70 mil pesos, los ingresos se ubican muy por debajo de la canasta básica de la tercera edad que, según la Defensoría de la Tercera Edad, supera los 600 mil pesos mensuales.
Por eso, los referentes de las asociaciones que nuclean a jubilados afirman que “el bono es un parche que ya no resuelve nada”, y que es imprescindible recomponer las jubilaciones con un esquema que supere la discrecionalidad.
El decreto también establece que el bono tiene carácter no remunerativo, no está sujeto a descuentos ni se computa para otros conceptos. Así, en los casos de pensiones con más de un titular, se considerará a un único beneficiario a efectos de pago, al tiempo que se dispone que los beneficios deben encontrarse vigentes en el mes de liquidación para ser acreditados.
El calendario de pagos de octubre se organizará, como es habitual, según la terminación del DNI: para jubilados que no superan la mínima, las fechas van del 8 al 21 de octubre, mientras que quienes perciben montos superiores cobrarán entre el 22 y el 28 del mismo mes. La ANSES aclaró que también están contempladas las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo y las pensiones no contributivas, todas con fechas establecidas entre el 8 y el 23 de octubre.
Jubilados marchan a la espera de que cese la represión en las inmediaciones del Congreso
En los últimos meses, los jubilados mantuvieron un cronograma de marchas semanales hacia el Congreso, habitualmente los miércoles, en reclamo por aumentos de sus haberes dignos, y de la sanción de la ley de movilidad previsional. Estas protestas, que comenzaron siendo pacíficas y con baja concurrencia, se acrecentaron en número y visibilidad en línea con el deterioro que sufrieron los ingresos de los adultos mayores.
Sin embargo, la mayoría de las manifestaciones de los jubilados al Congreso terminaron con incidentes. Es que, efectivos de la Policía de la Ciudad y de las Fuerzas Federales desplegaron cada miércoles operativos de represión en las inmediaciones del Palacio legislativo, que incluyeron gases lacrimógenos y golpes contra jubilados y manifestantes que reclamaban pacíficamente.
Los incidentes más graves se registraron a mediados de agosto, cuando un grupo de jubilados intentó montar una carpa simbólica frente al Congreso: la intervención de la fuerza de seguridad desalojó la protesta con violencia, lo que derivó en repudios de la oposición tanto desde la Legislatura bonaerense en La Plata como en el Congreso nacional.
Pese a estos episodios, los jubilados ratifican cada semana la continuidad de las movilizaciones, y aseguran que las marchas son el único camino para mantener en agenda pública sus reclamos, que apuntan a un haber mínimo equivalente a la canasta básica, un sistema de movilidad automático y el cese del ajuste sobre los sectores más vulnerables.
