La medida, que ratifica el Decreto 316/2025 y fue sancionada por la Legislatura a comienzos de octubre, faculta al Ministerio de Ambiente a implementar acciones excepcionales para garantizar la gestión adecuada de los residuos generados durante la emergencia. Para ello, podrá crear un Comité Temporal de Emergencia junto al municipio y establecer procedimientos especiales para la obtención de permisos y autorizaciones.
La ley también prevé una serie de beneficios fiscales para los vecinos y empresas afectadas:
- Exención del pago de la primera cuota o de la totalidad del Impuesto Inmobiliario y Automotor 2025, según el grado de afectación.
- Exención de anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y del Impuesto de Sellos para actividades y contratos vinculados a la emergencia.
- Suspensión por 90 días de embargos, ejecuciones y desalojos por falta de pago de alquileres de viviendas dañadas.
Además, se faculta a la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) a instrumentar planes de pago para los contribuyentes alcanzados por la medida, y al Banco Provincia a ofrecer líneas de crédito especiales para financiar la recuperación de bienes.
El texto establece la creación de una Comisión Bicameral integrada por legisladores de la sexta sección electoral para supervisar la ejecución de las obras y gestiones derivadas de la ley.
Entre otras disposiciones, se ordena suspender los aumentos de tarifas de servicios esenciales —electricidad, gas y agua— mientras dure la emergencia, y se solicita al Gobierno nacional la eximición del IVA y de tasas registrales para facilitar la reconstrucción de viviendas, comercios y automotores afectados.
La norma fue sancionada por la Legislatura provincial el 2 de octubre de 2025 y publicada este jueves en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.
