La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, rechazó el pedido del Estado argentino para frenar la entrega de información de funcionarios del actual y del anterior Gobierno en el marco de la causa por la reestatización de YPF. De ese modo, la magistrada estadounidense mantiene la ejecución de la sentencia pese a la apelación presentada por la defensa nacional.
El fallo en cuestión, permite que los llamados “fondos buitre”, Buford Capital y Eton Park accedan a documentación y comunicaciones de al menos 35 funcionarios, entre ellos el exministro de Economía, Sergio Massa y su sucesor, Luis Caputo. La solicitud incluye correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otros registros, que podrían usarse para justificar un eventual embargo sobre bienes estatales.
En ese marco, Preska rechazó este lunes un recurso de reconsideración presentado por YPF que buscaba frenar la medida, y avanzó en el proceso para determinar si existe una relación de “alter ego” entre el Estado argentino y la petrolera, con el objetivo de habilitar embargos sobre activos públicos en caso de comprobarse esa vinculación.
“El tribunal reafirmó que YPF no puede intervenir ni frenar la etapa de ejecución y ratificó que los demandantes pueden avanzar contra los activos de YPF bajo el modelo Crystallex”, señalaron fuentes cercanas a los fondos litigantes, en referencia al antecedente venezolano.
Vale precisar que el caso Crystallex remite a la empresa canadiense que explotaba la mina “Las Cristinas” en Venezuela y que, tras su nacionalización en el 2008 por el gobierno de Hugo Chávez, demandó al país sudamericano. En ese proceso, un tribunal de Nueva York permitió el embargo de cuentas venezolanas en el Bank of New York Mellon, sentando un precedente clave para los reclamos actuales contra Argentina.
En tanto, la situación particular de YPF presenta diferencias sustanciales, puesto que la petrolera funciona como una sociedad anónima con personería jurídica propia, en la que el Estado argentino posee el 51% de las acciones. No obstante, Buford y Eton Park intentan demostrar que esa separación es ficticia, bajo el argumento de que el Gobierno habría intervenido de manera directa en la administración y decisiones de la empresa.
Mientras tanto, la apelación argentina continúa en trámite y el pasado 29 de octubre, los abogados que representan al Estado nacional, presentaron su exposición ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, donde solicitaron que se revoque la sentencia de Preska.
En este contexto, los letrados sostuvieron que el caso “no pertenece a la jurisdicción de los Estados Unidos” y que la decisión de la jueza “se basa en una interpretación errónea del derecho argentino y en ficciones jurídicas de graves consecuencias”. Asimismo, la defensa sostuvo además que los demandantes adquirieron sus acciones en España, en operaciones privadas con Repsol atravesadas por sospechas de corrupción y connivencia política.
La apelación por YPF dejó a la Argentina a la espera del fallo en Nueva York
El caso por la expropiación de YPF se encuentra actualmente en etapa de apelación ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York. Hace algunas semanas, los abogados del Estado argentino y de los fondos demandantes expusieron durante una audiencia decisiva que podría definir si se confirma o se revierte la condena de 16.100 millones de dólares más intereses, que dictó la jueza Loretta Preska en septiembre de 2023.
Durante esta audiencia, los magistrados José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson escucharon los argumentos de ambas partes y pusieron el foco en la jurisdicción del caso, al plantear si debía resolverse en tribunales estadounidenses o en la Justicia argentina. En ese marco, la Procuración del Tesoro destacó la claridad y convicción del equipo legal nacional, mientras que los representantes de los demandantes defendieron la validez del fallo original.
Es que, el Gobierno argentino cuestionó que la demanda se base en una interpretación errónea del derecho local y sostuvo que las sociedades Petersen y Eton Park, financiadas por Burford Capital, “obtuvieron sus acciones mediante operaciones privadas en España, atravesadas por sospechas de corrupción y connivencia política”.
A partir de esa exposición, el Estado cerró la instancia oral del proceso, que ahora quedó en manos del tribunal de apelaciones. Aunque los jueces pueden fallar en cualquier momento, habitualmente suelen demorar varios meses, por lo que la sentencia de Preska sigue vigente y el proceso de ejecución avanza en paralelo en el Distrito Sur de Nueva York.
