Este viernes, la CTA de los Trabajadores y la Autónoma se declararon en estado de movilización permanente ante el envío al Senado del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, y denunciaron que la iniciativa “no moderniza el mercado de trabajo, sino que busca precarizar el empleo”.
El comunicado conjunto, que lleva la firma de los secretarios generales Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Hugo Godoy (CTA Autónoma), advierte que la iniciativa oficial del Gobierno nacional fue elaborada “en los estudios jurídicos de los grandes grupos empresarios”. Las Centrales justificaron que utiliza a las PyMEs como argumento para avanzar en un reordenamiento laboral que facilitaría el fraude, debilitaría la presunción de relación de dependencia y promovería nuevas formas de tercerización consideradas riesgosas para la estabilidad ocupacional.
En ese sentido, las dos CTA remarcaron que el proyecto no constituye una modernización laboral que beneficie a los trabajadores, sino una flexibilización extrema que introduce mecanismos salariales dinámicos que, a su entender, van a destruir la estabilidad y abaratar los despidos para los empleadores al trasladar sus costos al Estado.
De acuerdo con lo expuesto por las centrales sindicales, la reforma laboral vulnera garantías constitucionales básicas, entre ellas las vacaciones y la jornada laboral, al tiempo que busca desarticular la acción sindical colectiva. Para ambas organizaciones, el paquete legislativo no solo agrava la informalidad, sino que además reduce el poder adquisitivo de los trabajadores y profundiza la crisis económica en línea con un modelo que privilegia intereses del gran capital en detrimento de un proyecto de país productivo e integrado.
Es preciso mencionar que, en la antesala del tratamiento legislativo de la reforma laboral, las dos CTA mantuvieron reuniones con el interbloque de Unión por la Patria en el Senado, encabezado por José Mayans y Juliana Di Tullio, con la presencia de todos los senadores de ese espacio, para acordar una estrategia parlamentaria en rechazo al proyecto. Según informaron, también hubo encuentros previos con diputados del peronismo para articular una postura común frente al paquete de leyes que el Gobierno busca aprobar en sesiones extraordinarias.
En tanto, las organizaciones sindicales convocaron a una movilización nacional el 18 de diciembre, junto a la Confederación General del Trabajo (CGT), en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país, con el fin de exigir que el Congreso rechace la reforma laboral. Es que, Yasky y Godoy destacaron que la defensa de los derechos laborales y del trabajo digno es “un pilar imprescindible para la construcción de una Nación soberana, justa e inclusiva”.
En su pronunciamiento, las dos centrales obreras remarcaron que el proyecto oficial pretende transferir al Estado los costos de despido, desfinanciar el sistema previsional y permitir un “manejo más flexible” de las relaciones laborales por parte de los empleadores, lo que, en su análisis, constituye un retroceso de décadas en materia de protecciones laborales. Además, los líderes de las CTA alertaron sobre el impacto en trabajadores y trabajadoras informales y en jóvenes que recién se incorporan al mercado laboral.
El mensaje concluye con un llamado a sostener unidad sindical y a defender los derechos colectivos ante lo que consideran una avanzada del Gobierno sobre el marco histórico de regulaciones laborales que garantizan estabilidad, negociación colectiva y protección frente a abusos empresariales. En ese sentido, las CTA plantearon que el rechazo no se limitará al plano institucional, sino que incluirá acciones en la calle y presencia activa en el debate parlamentario.
Las CTA comunicaron su plan de acción ampliado contra la reforma laboral
Es preciso mencionar que, las dos CTA y la CGT acordaron profundizar la estrategia contra la reforma laboral mediante una serie de medidas públicas y políticas que se desarrollarán en las próximas semanas. La acción más visible será la marcha convocada para el jueves de la próxima semana en Plaza de Mayo, a la que se sumarán organizaciones sociales y de izquierda, y que podría reunir a más de 200 mil personas según estimaciones gremiales.
Sin embargo, la movilización será solo un componente de un plan más amplio. Es que, las CTA y la CGT desplegarán también un fuerte lobby sobre diputados y senadores de distintos espacios, en especial del peronismo, el radicalismo y bloques provinciales, con el objetivo de evitar que la iniciativa avance en el Congreso. La presión también alcanzará a gobernadores, quienes juegan un rol clave en la coordinación de votos legislativos; de hecho, líderes gremiales ya mantuvieron reuniones con mandatarios como Maximiliano Pullaro e Ignacio Torres.
En paralelo, las centrales obreras acordaron impulsar una campaña masiva de comunicación para difundir los alcances y presuntos perjuicios del proyecto de reforma laboral. Voceros designados recorrerán medios de comunicación para desmontar lo que consideran “prejuicios contra el sindicalismo” y explicar punto por punto sus objeciones, mientras que los legisladores de Unión por la Patria trabajan en un “contraproyecto” que funcione como alternativa al paquete propuesto por el Ejecutivo.
