Así, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, motorizó este lunes la citación tras la emisión de los despachos en base al acuerdo alcanzado en la reunión de Labor Parlamentaria del 16 de diciembre.
El oficialismo decidió impulsar el dictamen de comisión sobre el presupuesto con los cambios introducidos por la Cámara de Diputados, donde se rechazó el capítulo XI que contemplaba en su artículo 75 la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.
Si bien el Gobierno había planteado el viernes pasado que quería volver a incluir ese capítulo, el rechazo de los radicales y provinciales fueron determinantes para que La Libertad Avanza propicie un despacho sin realizar ninguna reforma respecto del texto votado en Diputados.
Temas como la restricción de la ley de Zona Fría y las deudas entre Cammesa y las distribuidoras eléctricas, además de la coparticipación federal para la ciudad de Buenos Aires también quedaron afuera del Presupuesto 2026 que obtuvo la media sanción el jueves pasado, pero Javier Milei afirmó durante el fin de semana que de todos modos «está construido sobre la base del déficit cero».
La decisión de mantener el texto votado en diputados le permitirá contar con el radicalismo que puede aportar una decena de votos, el PRO, los dos misioneros del Frente de la Concordia y las senadoras de Tucumán, de Salta y Neuquén.
De esta manera, el oficialismo tendrá 21 votos propios, 10 de la UCR, dos del PRO y cinco provinciales a los cuales puede sumarse el correntino Carlos “Camau” Espínola, de Provincias Unidas, señalaron voceros parlamentarios.
En tanto, el peronismo buscará plasmar reformas para anular el artículo 30, que establece la derogación de los artículos que establecen una inversión del 6% del PBI para el sistema educativo, del 1% del PBI para el sistema Nacional de Ciencia y del 0,2% de los gastos del Sector Público para los colegios técnicos.
Si bien votará en contra del Presupuesto, el interbloque peronista buscará incluir algunas reformas que fueron solicitados por sectores educativos para eliminar la anulación del financiamiento educativo.
