El gobierno de Axel Kicillof promulgó la Ley N°15.563, que introdujo cambios centrales en el régimen de previsión social de la Caja de Abogados. La normativa, aprobada junto al pedido de endeudamiento y los nuevos pliegos del Banco Provincia, eliminó la sobretasa de Justicia y redefinió el destino de los fondos que ingresan al sistema previsional profesional.
El Ejecutivo bonaerense rubricó la sanción legislativa a través del Boletín Oficial, y dejó firme un nuevo esquema de financiamiento para la Caja de Abogados. En ese marco, la nueva ley incorpora restricciones explícitas sobre el uso de los recursos y refuerza los controles sobre la conducción del organismo.
En primer lugar, la normativa ratificó los aportes sobre los honorarios profesionales, la cuota anual obligatoria y la contribución del 5% sobre la Tasa de Justicia, como fuentes de financiamiento. A la vez, el texto estableció que esos fondos solo podrán destinarse al pago de prestaciones previsionales y no a viáticos, gastos operativos ni administrativos.
Por otro lado, la resolución oficial fijó un tope para las erogaciones del Directorio de la Caja de Abogados. En este caso, los viáticos y los gastos de representación no podrán superar el monto equivalente a un haber jubilatorio mínimo, bajo un criterio de austeridad administrativa.
Vale precisar que la iniciativa impulsada por el jefe del bloque de Fuerza Patria en Diputados, Facundo Tignanelli, obtuvo el aval de más de dos tercios del Senado. El tratamiento se dio en la misma sesión en la que la Legislatura bonaerense aprobó el endeudamiento solicitado por el gobernador Axel Kicillof y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Provincia.
Durante el debate, Tignanelli defendió la eliminación de la sobretasa y sostuvo que su impacto en las cuentas del sistema resultaba marginal. “No la pagan los abogados, la pagan los bonaerenses la sobretasa”, afirmó el legislador camporista, y planteó que la medida no ponía en riesgo la sustentabilidad previsional.
En tanto, la reforma legal también modificó los requisitos para integrar el Directorio de la Caja de Previsión Social para Abogados. En ese sentido, el texto habilitó la participación de abogados jubilados, reforzó el régimen de incompatibilidades y ratificó el carácter de carga pública de los cargos directivos.
Finalmente, desde la Caja y el Colegio de Abogados manifestaron su rechazo a la reforma y advirtieron sobre un posible impacto negativo en los haberes y beneficios del sistema. Por su parte, el oficialismo defendió la medida como parte de una estrategia de ordenamiento financiero, control institucional y transparencia en el uso de los recursos previsionales.
Cómo afecta a la Caja de Abogados la baja de la sobretasa de Justicia
La reforma sancionada por la Legislatura bonaerense alteró el esquema de financiamiento previsional de la Caja de Abogados al reducir del 10% al 5%, la contribución adicional aplicada sobre la Tasa de Justicia. No obstante, la disposición mantiene como sujetos del pago a los ciudadanos que finalizan un juicio y excluye a los abogados matriculados.
Según el texto aprobado, la sobretasa no guarda relación directa con la prestación del servicio judicial y se destina al fondo solidario del sistema previsional. En ese marco, el oficialismo planteó que el costo adicional operaba como un “desincentivo” para iniciar o continuar acciones judiciales, debido al impacto económico que implicaba para los litigantes.
En tanto, los números del último balance de la Caja de Abogados aportaron uno de los principales argumentos del debate. De acuerdo con ese informe, la sobretasa representa entre el 2,38% y el 2,84% de los ingresos previsionales del organismo, un monto estimado en $1.493 millones, lo que relativiza su peso en la estructura general de financiamiento.
Por último, desde la conducción de la Caja advirtieron que la reducción podría afectar los haberes previsionales, los subsidios y las asignaciones destinadas a los afiliados y sus familias. Frente a esas críticas, el oficialismo sostuvo que la reforma no compromete la sustentabilidad del sistema y defendió la medida como parte de una política de ordenamiento financiero y acceso a la Justicia.
