El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue procesado este lunes por asociación ilícita en el marco de una investigación judicial que analiza presuntos hechos de corrupción dentro del organismo. La medida fue dispuesta por el juez federal, Sebastián Casanello, quien también imputó otros delitos vinculados al ejercicio de la función pública.
Además de la asociación ilícita, Spagnuolo quedó procesado por negociaciones incompatibles con su cargo y por defraudación agravada en perjuicio de la administración pública nacional. La resolución judicial no incluyó prisión preventiva, pero sí la imposición de un embargo superior a los 200 millones de pesos, según consta en el fallo.
La decisión del magistrado alcanza también a Daniel Garbellini, quien se desempeñó como segundo de Spagnuolo en la ANDIS; al empresario Miguel Ángel Calvete; a su hija Ornella Calvete; y al médico Pablo Atchabahian, exfuncionario del organismo. En total, son 19 las personas procesadas en el expediente que investiga irregularidades en contrataciones y compras públicas.
En su resolución, Casanello sostuvo que la investigación permitió identificar un esquema organizado que operaba tanto dentro como fuera de la ANDIS. Según expresó, se trató de un “entramado de corrupción institucional” que involucró a funcionarios con poder de decisión y a actores privados que actuaron de manera coordinada para obtener beneficios económicos.
El juez advirtió que la ANDIS “fue utilizada como vía de enriquecimiento” por parte de los integrantes de la presunta organización, en detrimento de la función pública del organismo. En ese sentido, el magistrado remarcó que las prácticas investigadas se apartaron de los principios que deben regir la administración estatal, en particular en un área sensible como la atención de personas con discapacidad.
Asimismo, Casanello señaló que existen indicios de que la lógica de intermediación, con presuntos privilegios y sobreprecios, se habría extendido a distintas áreas del organismo y a múltiples contrataciones. En ese contexto, el juez mencionó la reiterada aparición de Miguel Calvete como nexo con empresas interesadas en vender productos a la Agencia.
Por otra parte, fuera del ámbito directo de la ANDIS, la investigación detectó maniobras similares vinculadas a compras públicas y a la gestión de recursos estatales. El magistrado incluyó en ese análisis la participación de Ornella Calvete y su entorno, al considerar que se repiten patrones alejados de un manejo transparente del Estado.
Entre los procesados figura también Pablo Atchabahian, quien ocupó cargos dentro del organismo en 2018. La resolución judicial establece que, en conjunto, los imputados habrían participado de un sistema orientado a obtener ganancias indebidas mediante el uso irregular de fondos públicos y decisiones administrativas.
Con este procesamiento, la causa ingresa en una nueva etapa judicial, con la posibilidad de nuevas medidas probatorias y declaraciones indagatorias. El expediente continúa bajo la órbita del Juzgado Federal a cargo de Casanello, mientras se profundiza el análisis sobre el alcance del presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
El origen de la investigación en la ANDIS
La causa se inició a partir de la difusión de una serie de audios en agosto del año pasado, en los que una voz atribuida a Spagnuolo describe supuestos mecanismos de retornos en la compra de medicamentos. En esas grabaciones se hace referencia a retenciones porcentuales y a la intervención de intermediarios en operaciones con droguerías.
En uno de esos registros, el exfuncionario afirma: “A mí me están defalcando la agencia”, y alude a un circuito de pagos que, según sus dichos, generaba ingresos mensuales en moneda extranjera. Spagnuolo tmbién sostuvo que carecía de control sobre determinadas decisiones administrativas y que las maniobras se realizaban sin su intervención directa.
El juez Casanello consideró que esos audios, junto con documentación y otras pruebas recolectadas, permitieron reconstruir la existencia de un “sistema de retornos” asociado a contrataciones con sobreprecios. De acuerdo con el fallo, las droguerías involucradas habrían recompensado a funcionarios a cambio de adjudicaciones irregulares, lo que constituye uno de los ejes centrales de la investigación en curso.
