Este miércoles, el Gobierno nacional de Javier Milei confirmó que aplicará el protocolo antipiquetes durante la movilización convocada frente al Congreso por las centrales sindicales en rechazo a la reforma laboral, mientras el Senado se dispone a iniciar el debate del proyecto, y advirtió que “no se tolerarán cortes ni bloqueos en el espacio público”, en una jornada que el propio oficialismo anticipa como políticamente sensible y de alta conflictividad social.
En la previa de la sesión en la Cámara alta, la Casa Rosada avanzó con la planificación del operativo de seguridad y ratificó que la marcha impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) y distintas organizaciones políticas y sociales será monitoreada bajo los lineamientos del protocolo antipiquetes, con el objetivo de “garantizar la circulación y evitar interrupciones” en la vía pública.
Por estas horas, en despachos del Poder Ejecutivo se analiza el alcance de la convocatoria, el número estimado de manifestantes y los puntos de concentración previstos para la movilización en las inmediaciones del Congreso, con el fin de definir el despliegue de fuerzas durante toda la jornada. “El protocolo antipiquetes está siempre activo”, repiten desde el entorno gubernamental, al tiempo que aclaran que su aplicación se extenderá desde el inicio de la protesta hasta su desconcentración, independientemente del desarrollo del debate legislativo.
En tanto, el protocolo antipiquetes estará a cargo del Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, y se articulará a través de un comando unificado que incluirá la participación de fuerzas federales. En ese esquema, la Policía de la Ciudad acompañará el desplazamiento de las columnas en distintos tramos del recorrido, mientras que las fuerzas nacionales permanecerán apostadas en las inmediaciones del Congreso, con presencia permanente durante el tratamiento de la reforma laboral en el Senado.
En paralelo al diseño del protocolo antipiquetes, el Gobierno endureció su discurso político contra la dirigencia sindical que impulsa la protesta. Desde la Casa Rosada sostienen que “un grupo de sindicalistas eligió mantener intereses sectoriales y privilegios a costa de perjudicar al conjunto de los argentinos”, una definición que marca el tono con el que el oficialismo enfrenta la movilización y busca diferenciar su postura frente a los reclamos gremiales.
En esa línea, el Ejecutivo defiende la reforma laboral, al afirmar que “está orientada a resolver problemas estructurales del mercado de trabajo, con especial énfasis en los trabajadores informales, las pequeñas y medianas empresas y los jóvenes que no logran insertarse en empleos registrados”. Según los datos que exponen en el Gobierno, cerca del 50% de los trabajadores del país se desempeñan actualmente en la informalidad, sin acceso a derechos laborales básicos.
Asimismo, en Casa Rosada remarcan que la Argentina mantiene desde hace más de una década prácticamente la misma cantidad de trabajadores registrados, y señalan que el país presenta uno de los niveles más bajos de creación de empresas cada 100.000 habitantes en América Latina. A ese diagnóstico, el Gobierno le suma la elevada presión impositiva como uno de los factores que desalientan la generación de empleo formal y la expansión del sector productivo.
Con ese marco, el oficialismo sostiene que la reforma laboral en debate no implica una quita de derechos, sino una “modernización” destinada a revertir esas distorsiones, y cuestiona a la dirigencia sindical por rechazar el proyecto sin ofrecer alternativas concretas frente a la informalidad. De este modo, el Gobierno busca exhibir firmeza tanto en el plano parlamentario, al impulsar el tratamiento de la reforma, como en el control del espacio público, en una jornada que se anticipa cargada de tensión política y sindical.
Los sindicatos que se enfrentan al protocolo antipiquetes
Este miércoles, los trabajadores del Hospital Garrahan y sindicatos de distintos sectores se movilizarán contra la reforma laboral mientras se debate en el Senado la reforma laboral impulsada por el Gobierno, con una convocatoria que incluye tanto paros parciales como huelgas de 24 horas y ceses de actividades en distintos ámbitos laborales.
Entre los gremios del transporte que se alinearon con la protesta se encuentran los que integran la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que anunció cese de actividades parciales a partir de las 13, organizados por sector en aeronáutica, marítima, portuaria y subterráneos, con el objetivo de garantizar que sus afiliados puedan concurrir a la concentración frente al Congreso Nacional, aunque los trenes y colectivos funcionarán con normalidad durante gran parte de la jornada.
Por fuera del transporte público cotidiano, varias organizaciones sindicales decidieron realizar paros de 24 horas para permitir que los trabajadores puedan participar de la movilización y expresar su rechazo a las reformas propuestas. En ese grupo se destacan la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que anunció huelga en todo el sector con abandono de tareas desde las 10 para que sus afiliados lleguen a la movilización, y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que convocó a “parar igual” y movilizarse aunque la CGT no haya planteado un paro general formal.
Además de estas expresiones sindicales tradicionales, se suman a la protesta sectores más combativos y de orientación diversa, como la Federación de Aceiteros, así como organizaciones gremiales alineadas con la izquierda, entre ellas el Sindicato Único del Neumático (SUTNA), la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys) y la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA), que anunciaron su participación con paros o movilizaciones propias en defensa de los derechos laborales y en rechazo específico a los cambios planteados por la reforma laboral.
Por caso, las centrales sindicales también jugarán un rol clave, ya que las dos CTA ratificaron la convocatoria a paro con movilización a nivel nacional para el día en que se trate la reforma en el Congreso, e incluso realizaron jornadas previas de protesta y actividades de difusión en distintas plazas y estaciones de transporte en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de reforzar la presencia de distintos sectores de la clase trabajadora en esta jornada de lucha.
