En otro gesto de complacencia entre la gestión de Javier Milei y la del norteamericano Donald Trump, el Gobierno argentino se encuentra en negociaciones con la Casa Blanca para comenzar a albergar a las familias deportadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El dato surge del medio The New York Times, que brindó detalles sobre la negociación. El trato nació de Estados Unidos y consiste en que Argentina pase a tener el mismo rol que Paraguay y Ecuador, que albergan a las personas que fueron detenidas cerca de la frontera estadounidense después de ingresar ilegalmente al país.
Esto beneficiaría directamente a Estados Unidos en dos factores importantes. El primero es que Trump podría continuar con su plan de deportación masiva para dar un mensaje anti-migrantes ilegales, y por el otro podría deportar a los ciudadanos de países a los que resulta difícil enviar de nuevo a su nación de origen, debido a razones diplomáticas o la imposibilidad de obtener documentos de viaje.
Si bien tanto la Casa Blanca como Casa Rosada no quisieron dar respuesta a las preguntas de los medios al alegar que “no realizan comentarios sobre conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas”, lo cierto es que el potencial acuerdo se enmarcaría en la fuerte alianza que mantiene Milei con Trump.
No obstante, el traer deportados provenientes de Estados Unidos no es un plan fácil para Milei. En primer lugar, Argentina no posee la misma idiosincrasia sobre la influencia estadounidense que países caribeños como El Salvador, quienes sí reciben a inmigrantes de suelo norteamericano, por lo que no sería descabellada una reticencia de la población acerca del acuerdo. A eso se le suma la incógnita sobre dónde encontraran asilo estas familias y, sobre todo, la contradicción de este pacto con la política migratoria nacional, que esta semana salió a relucir el hito del récord de expulsiones.
En efecto, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, llevó a cabo una serie de arrestos a inmigrantes en el municipio de La Matanza, y en los últimos días surgió el rumor de que Milei anunciará la conformación de una Agencia de Seguridad Migratoria que estaría a cargo del senador bonaerense en uso de licencia, Diego Valenzuela.
Según The New York Times, a principios de enero el subsecretario de Política Exterior argentino, Juan Manuel Navarro, presentó a principios de este mes una propuesta para concretar el acuerdo con un tercer país, tal como tiene actualmente Paraguay con su “Acuerdo de Tercer País Seguro”. “Los documentos revelan que el canciller Pablo Quirno se había comprometido con las autoridades estadounidenses a firmar dicho acuerdo”, puntualiza el diario.
Si bien la idea principal es que se les ofrezcan vuelos a sus países de origen a los deportados de Estados Unidos que recaigan a Argentina, el Gobierno nacional es cauteloso con respecto a la reacción negativa que puede tener en la sociedad este pacto. Además de que significaría un nuevo gasto público, uno de los preceptos que Milei juró no romper. Sin embargo, el Jefe de Estado podría hacerse una excepción si Trump se lo exige.
Argentina recomendó no viajar a Cuba, tras el castigo arancelario de Trump
Este viernes, la Cancillería Argentina sacó un comunicado en el que recomendó a los ciudadanos no viajar a Cuba debido al “deterioro de sus condiciones de vida”. Todo esto tras la medida que sacó esta mañana Trump para aplicarle aranceles adicionales a los países que vendan o suministren petróleo a la nación castrista.
“Ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla. Se sugiere a quienes residan actualmente en ese país mantenerse atentos a la evolución de la situación. Se registran faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos”, enumeró la jurisdicción de Quirno.
En concreto, desde la Casa Blanca establecieron vía orden ejecutiva que cualquier país que provea petróleo u otros productos a Cuba enfrentará tarifas adicionales en sus exportaciones al mercado estadounidense. La política no fija el porcentaje de impuestos, sino que abre paso a un proceso de evaluación caso por caso coordinado por los departamentos de Comercio, Estado y Tesoro, quienes definirán el monto final.
Según la mirada estadounidense, Cuba se encuentra acorralado tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, por lo que se profundizó su dependencia de suministros externos para mantener su sistema eléctrico, de transporte y otros sectores de su economía. “Las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, consideró Trump.
