La diputada bonaerense de Unión por la Patria, Luciana Padulo, presentó un proyecto para que todas las escuelas públicas de gestión estatal y privadas de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires aseguren un espacio y/o herramientas de autorregulación destinados a alumnos neurodivergentes y con otras condiciones sensoriales, con el objetivo de promover entornos escolares más inclusivos y accesibles.
Es preciso mencionar que, la iniciativa establece la obligación de garantizar estos espacios o recursos dentro de las escuelas, al tiempo que dispone que los padres, representantes legales o responsables completen anualmente un formulario diseñado por la Dirección General de Cultura y Educación en el que manifiesten de manera voluntaria cuáles son los elementos, materiales, acciones u otras situaciones que puedan desregular a los estudiantes alcanzados por la norma.
Según el texto, la información recabada permitirá a cada escuela conocer las particularidades de los alumnos neurodivergentes y con condiciones sensoriales, a fin de prevenir posibles crisis y contar con herramientas adecuadas para generar un ámbito accesible. Además, el proyecto de Padulo aclara que esos datos podrán ser modificados o actualizados cada año en función de su carácter situacional, sin que ello excluya las observaciones que puedan realizar los Equipos de Orientación Escolar ante situaciones áulicas que requieran intervención.
En ese sentido, el escrito presentado por Padulo prevé que el Poder Ejecutivo determine la autoridad de aplicación de la ley, que será la encargada de establecer las características del espacio conforme a las posibilidades edilicias y a los recursos humanos disponibles, contemplando que los dispositivos puedan implementarse en distintos sectores del establecimiento escolar de acuerdo con cada realidad institucional.
En los fundamentos, Padulo explica que el concepto de neurodiversidad refiere a la variación infinita del funcionamiento de los cerebros y las mentes humanas, promoviendo el reconocimiento y el respeto de las diferencias neurocognitivas, e incluye a personas neurotípicas, entre estas últimas quienes presentan condiciones como autismo, TDAH, dislexia, síndrome de Tourette y otras diferencias neurológicas.
En ese marco, la legisladora sostiene que, para muchas de estas personas, “los entornos y las interacciones en espacios públicos pueden resultar abrumadores o desafiantes”, por lo que la propuesta apunta a que la experiencia de aprendizaje en las escuelas sea accesible, posible y adecuada, permitiendo que los estudiantes puedan volver a la calma ante eventuales crisis mediante un espacio específico o, en su defecto, a través de materiales y herramientas que faciliten la desconexión temporal de factores estresantes y la recuperación del equilibrio emocional.
Por caso, la iniciativa incorpora un artículo 2° bis a la Ley 15.296 que establece la capacitación obligatoria en la temática de discapacidad desde un enfoque de derechos humanos, mediante el cual se consigna que la Dirección General de Cultura y Educación deberá elaborar una capacitación docente destinada a quienes se desempeñen en todos los niveles y modalidades de los establecimientos públicos de gestión estatal y privada, incluyendo estrategias pedagógicas y didácticas para la atención de la discapacidad en el aula.
De acuerdo con los fundamentos, la creación de esta capacitación permitirá a los educadores perfeccionar conocimientos y habilidades, incrementar la eficiencia de la práctica pedagógica y facilitar la respuesta a las necesidades del sistema educativo, al tiempo que contribuirá a garantizar el derecho de los más chicos a aprender en un contexto inclusivo, reconocido en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En última instancia, Padulo argumenta que la educación constituye un espacio central de socialización y aprendizaje donde niños, niñas y jóvenes transforman su realidad y acceden al conocimiento como patrimonio colectivo, y cita a la UNESCO al señalar que la educación inclusiva implica “cambios en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias bajo la convicción de que es responsabilidad del sistema educar a todos”, por lo que brindar apoyos como los propuestos favorecería la permanencia escolar y reafirmaría que el bienestar emocional de los estudiantes es una prioridad.
