Diputados de la oposición convocaron a una nueva sesión, para el próximo miércoles 17 de septiembre a las 13:00 horas, para insistir con la ley que pretende declarar la emergencia en el Hospital Garrahan y la ley de financiamiento universitario, que vetó recientemente el presidente Javier Milei.
Además, el temario de la sesión incluye tres proyectos con pedidos de informes verbales: dos contra la secretaria general de la presidencia y hermana del presidente, Karina Milei; y uno contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que brinden explicaciones en el recinto, luego del escándalo de las coimas en discapacidad.
Cabe destacar que, la iniciativa se suma al pedido de citación que realizó el diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, a Karina Milei, por el caso $LIBRA y el escándalo de las valijas, que pasaron por el Aeropuerto de Ezeiza, sin ser revisadas.
De esta manera, el derrotero de las fuerzas del cielo continuará la semana próxima en el Congreso, tras el batacazo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses, donde ganó por casi 15 puntos contra a La Libertad Avanza (LLA), que tendrá la previa de los comicios nacionales como telón de fondo.
Vale mencionar que, ante este desfavorable escenario, en busca de oxígeno, el Ejecutivo nacional este miércoles al sumar a Lisandro Catalán como ministro del Interior para acercar posiciones con los gobernadores, reticentes a participar de las mesas de diálogo que impulsa el Gobierno.
Es que, tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y a 48 días de los próximos comicios nacionales, el Gobierno activo mesas de diálogo para superar lo sucedido el domingo por la noche, y avanzar rumbo a las elecciones generales sin dejar heridos políticos en el camino.
Sin embargo, por repetición, los gobernadores se mostraron escépticos y adelantaron que de no cambiar la postura del mileísmo con respecto al envió de recursos a las provincias, muchos pasarán de participar. Entre los cuestionamientos, los mandatarios señalaron que no aceptarán al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien usualmente llevaba adelante las reuniones de negociación, como interlocutor.
Frente a esta situación, la administración mileísta designó al ex vicejefe de Gabinete, quien ya trabajaba codo a codo con Francos, para que sea parte de la nueva mesa de diálogo federal que buscará recomponer la fracturada relación del Gobierno con los gobernadores, en un escenario por demás adverso para las fuerzas del cielo en el Congreso.
“Con responsabilidad, hoy inicio el camino como ministro del Interior, reafirmando el compromiso que tiene este Gobierno con fortalecer nuestras instituciones y avanzar en la construcción de una Mesa Federal de diálogo y consenso que representen a todos los argentinos”, expresó Catalán a través de sus redes sociales, tras agradecer al Presidente.
Por su parte, Francos reveló: “Siguiendo las instrucciones del presidente Milei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante Ministro del Interior, Lisandro Catalán”.
Según explicaron desde Casa Rosada, el anunció busca recomponer el dialogo con los gobernadores con el propósito de “implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”.
Milei vetó la emergencia al Garrahan y la ley de financiamiento universitario: los proyectos
En la antesala de la conmemoración del Día del Maestro, el presidente Javier Milei finalmente vetó la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto. La normativa buscaba garantizar fondos específicos para salarios, becas, infraestructura y funcionamiento de las universidades públicas en un contexto de ajuste educativo que mantiene en vilo a la comunidad académica.
Según establece el veto publicado en las últimas horas en el Boletín Oficial, el importe de gastos necesarios para la sanción de la ley no incluye en sus fundamentos la estimación de las erogaciones presupuestarios y atenta contra el déficit fiscal. “Las supuestas fuentes de financiamiento invocadas carecen de correlación directa con los gastos dispuestos por el proyecto”, puntualizaron.
Con la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno debía recomponer al 1. de enero de 2025, según la inflación informada por el INDEC en el período comprendido entre el 1° mayo al 31 de diciembre de 2024, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional deberá “actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas” desde el 1° de diciembre de 2023 en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período. “Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable”, indicaba el texto.
No obstante, Milei también firmó el veto al proyecto de Ley de Emergencia en Pediatría, sancionada el pasado 22 de agosto por el Congreso. De esta manera, el escrito vuelve al Parlamento para su posible tratamiento en ambas Cámaras, y el financiamiento a las áreas de salud destinadas a los niños, niñas y adolescentes vuelve a postergarse.
La iniciativa aprobada por ambas cámaras del Congreso apuntaba a recomponer salarios del personal pediátrico, actualizar las partidas presupuestarias y asignar los insumos críticos prioritarios durante un año, pero el Ejecutivo alegó “problemas de financiamiento y redacción ambigua” como razones para desaprobarla y firmar su veto.
En el Senado, la Ley de Emergencia en Pediatría había obtenido el apoyo de 62 legisladores y la negativa de otros ocho, mientras que el debate por su aprobación incluyó críticas del oficialismo sobre cómo se llevaría adelante su implementación. Ahora, con el veto oficializado, queda abierta la instancia de insistencia parlamentaria, y el Congreso volverá a debatir la medida.
En la resolución, el Gobierno nacional argumentó que la Ley de Emergencia en Pediatría “no solo carece de un financiamiento genuino, sino también posee una redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad y la falta de claridad en los mecanismos de implementación”, con especial hincapié en qué comprende lo que se denomina en el proyecto como “funciones críticas”.
Al mismo tiempo, el Decreto 651/2025 argumenta que la norma debe ser vetada porque “podría generar distorsiones salariales, comprometer programas ya existentes, dañar la coparticipación federal y poner en riesgo la estabilidad presupuestaria” tanto de la Nación como de las Provincias.
En lo que respecta a las distorsiones salariales, Milei sostiene que, con la implementación de la Ley de Emergencia en Pediatría, el personal pediátrico quedaría por encima de otros trabajadores del sistema sanitario, lo que provocaría una “brecha sectorial”. El argumento oficial advierte que las actualizaciones propuestas afectarían no sólo el presupuesto nacional sino también las partidas de las provincias, lo que generaría desigualdad entre jurisdicciones.
