El diputado del PRO, Martín Endere, en las últimas horas volvió a presentar su proyecto de ley para que la provincia de Buenos Aires incorpore exámenes de idoneidad obligatorios y anónimos como requisito previo para ingresar a cargos en el Estado bonaerense. La iniciativa busca garantizar que quienes accedan a puestos en las distintas dependencias cuenten con los conocimientos y aptitudes necesarios para desempeñar sus funciones.
De esta manera, la propuesta de Endere introduce cambios concretos en el Estatuto y Escalafón para el Personal de la Administración Pública, que actualmente regula las condiciones de ingreso, permanencia y carrera del personal estatal. Como el marco normativo no cuenta con una instancia obligatoria y universal de evaluación previa, el diputado del PRO busca sumar un filtro técnico que funcione antes de cualquier designación y que además tenga carácter anónimo para evitar discrecionalidades en el proceso de selección.
“Por desafortunado que resulte, es conocido que los partidos gobernantes suelen utilizar las gestiones para otorgar cargos a sus militantes y partidarios, sin importar, en algunos casos, cuan preparados o capacitados se encuentren para ocupar cargos públicos o ingresar en distintas funciones de la Administración Pública, mientras que la alternancia que contempla nuestro sistema constitucional generó que la planta de estatales bonaerenses hoy alcance alrededor de 500.000 empleados”, escribió Endere en los fundamentos de su propuesta.
Por eso, en términos prácticos, la iniciativa plantea que toda persona que aspire a trabajar en el Estado bonaerense deberá aprobar una “evaluación general de conocimientos y competencias”, cuyo resultado solo podrá vincularse con la identidad del postulante una vez finalizada la corrección, lo que, según el texto escrito por el legislador, busca garantizar igualdad de condiciones para todos los aspirantes.
Además, el proyecto establece que los organismos de Recursos Humanos deberán incorporar al expediente administrativo no solo los antecedentes del postulante, sino también la constancia de aprobación del examen. Esto introduce un mecanismo formal de control sobre las designaciones, al tiempo que fija que cualquier ingreso que no respete este procedimiento “no reviste en ningún caso carácter de permanente, ni genera derecho a su incorporación en el régimen de estabilidad”.
“Asimismo, el proyecto aspira que la posibilidad de ingreso a la Administración Pública se torne universal para todos los bonaerenses, ya que la toma de una evaluación y el posterior análisis de sus resultados harán crecer las posibilidades de aquellos que aspiran a ocupar cargos públicos, sin que militen boletas partidarias o tengan preferencias políticas en especial”, remarcó el legislador.
Desde el punto de vista normativo, el legislador del PRO hace hincapié en que el proyecto encuentra sustento en principios constitucionales, ya que tanto la Carta Magna nacional como la de la provincia de Buenos Aires establecen la idoneidad como condición para acceder a cargos públicos. En este contexto, Endere consideró que la evaluación obligatoria aparece como una herramienta para hacer efectivo ese criterio en la práctica.
En rigor, la propuesta ingresada por Endere a la Cámara de Diputados apunta a introducir un cambio estructural en la forma en que se accede al estado bonaerense, con un salto de un sistema predominantemente administrativo a uno con mayor peso de la evaluación técnica. Todo esto con el objetivo de fortalecer la transparencia, mejorar la calidad del servicio público y garantizar que aquellos que ingresen al Estado lo hagan en función de sus capacidades y no de criterios discrecionales.
El antecedente del examen que propone Endere para los estatales bonaerenses
Cabe recordar que, en 2024, el Gobierno nacional de Javier Milei instrumentó la evaluación general, un examen que todo aspirante a la administración pública debía rendir, a través del Ministerio de Trabajo de Desregulación y Transformación del Estado de Federico Sturzenegger. “Permitirá dejar atrás la pesadilla de un Estado plagado de ñoquis o acomodados políticos”, ponderó el funcionario en aquella oportunidad.
En concreto, la reglamentación de la reforma del Estado formaba parte de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que fue sancionada por el Congreso en junio de ese mismo año y publicada en el anexo 1 del decreto 695/2024, cuyo capítulo tercero hace referencia al empleo público nacional.
La primera fase del proceso comenzó en diciembre de 2024 y estuvo dirigida a las jurisdicciones y entidades que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para llevar a cabo los exámenes, el Gobierno nacional evaluó a unos 2.000 trabajadores estatales por día, y extendió el alcance de la prueba a quienes fueron contratados a partir del 1° de enero de 2025.
Tras una serie de jornadas evaluativas, el Gobierno nacional anunció que el 96% de los empleados públicos que rindieron el examen de idoneidad pasaron el testeo, lo que dio pie a que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a través de su secretario general, Rodolfo Aguiar, redoblara la apuesta con la administración libertaria y exigiera la incorporación de todos los aprobados a la planta permanente.
