El Consejo Profesional de Química bonaerense puso en foco el debate sobre el uso de agroquímicos, en un contexto atravesado por conflictos judiciales, ordenanzas municipales dispares y reclamos legislativos para actualizar la normativa vigente. En diálogo exclusivo con Diputados Bonaerenses, la institución que preside Carlos H. Colángelo detalló los principales riesgos asociados a la habilitación municipal de estas prácticas y los recaudos necesarios para proteger a la población.
Desde el Consejo señalaron que la autorización del uso de agroquímicos por parte de los municipios genera impactos que exceden el plano productivo. “El efecto sobre los vecinos es multidimensional y depende en gran medida de la cercanía entre las zonas de aplicación y los núcleos urbanos”, explicaron.
En el plano sanitario, la entidad advirtió que la exposición directa o indirecta a estos productos puede derivar en afecciones respiratorias y dermatológicas, mientras que los efectos de exposiciones prolongadas continúan bajo investigación por posibles vínculos con enfermedades oncológicas y problemas reproductivos. En este punto, los profesionales aclararon que los abordajes clínicos específicos corresponden al ámbito médico-toxicológico.
Uno de los ejes técnicos destacados por los químicos bonaerenses fue el fenómeno de la deriva de agroquímicos, que ocurre cuando el producto se desplaza fuera del objetivo previsto por acción del viento o la evaporación. Esta situación puede alcanzar viviendas, establecimientos educativos o cursos de agua, incluso cuando la aplicación se realiza dentro de un predio habilitado.
El Consejo también explicó otros mecanismos de dispersión, como la escorrentía superficial y la lixiviación. En el primer caso, los productos se trasladan horizontalmente por pendientes o arrastre de lluvias y riego, mientras que en el segundo penetran verticalmente en el suelo hasta alcanzar napas subterráneas. Ambos procesos amplían el área de impacto más allá del lote productivo.
En cuanto a los recaudos necesarios para reducir riesgos, el Consejo Profesional de Química remarcó la importancia de las zonas de exclusión y amortiguamiento, ya que, según explicó, la normativa y la jurisprudencia provincial, estas distancias suelen oscilar entre 500 y 1.000 metros para aplicaciones terrestres, con restricciones mayores en el caso de las aéreas.
Otro punto central es la receta agronómica obligatoria, prevista en la Ley 10.699 y su decreto reglamentario 499/91. Desde el Consejo aclararon que la prescripción por parte de un ingeniero agrónomo resulta clave, aunque señalaron que la normativa vigente no desarrolla de forma exhaustiva la evaluación integral de riesgos químicos, ambientales y sobre la salud humana.
Respecto de los controles, la entidad describió un escenario heterogéneo. Mientras algunos productores adoptan Buenas Prácticas Agrícolas y cumplen con los protocolos, existen antecedentes de incumplimientos que derivaron en fallos judiciales. Casos como Pergamino, Tandil y Guaminí evidencian, según indicaron, limitaciones en los controles municipales o provinciales.
El análisis técnico se inscribe en un contexto institucional marcado por la reciente suspensión de ordenanzas municipales sobre fitosanitarios en Tandil y Rauch, dispuesta por la Suprema Corte bonaerense. Para el Consejo, estos episodios refuerzan la necesidad de contar con una legislación provincial actualizada que establezca criterios unificados y reduzca la conflictividad social y judicial.
El Consejo Profesional de Química sobre los estudios de los agroquímicos
Desde el Consejo Profesional de Química advirtieron que no existe una base de datos pública unificada que concentre las infracciones vinculadas al uso indebido de agroquímicos. Sin embargo, desde la entidad señalaron que el Ministerio de Desarrollo Agrario aplica sanciones por aplicaciones irregulares, mientras que la Defensoría del Pueblo provincial registra denuncias de vecinos afectados.
También los químicos bonaerenses mencionaron estudios difundidos por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que analizan la incidencia de determinadas patologías en zonas de alta intensidad de uso de agroquímicos, aunque aclararon que estos trabajos suelen generar controversias con sectores productivos.
Un dato destacado por el Consejo Profesional de Química refiere al circuito de los envases, que detalla que en 2019 se vendieron cerca de 13 millones de envases de pesticidas en la provincia de Buenos Aires, pero solo alrededor de un millón ingresó a sistemas de reciclado formal. El resto, estimaron, terminó en circuitos informales o con disposición inadecuada.
Finalmente, el Consejo remarcó que algunos productos utilizados en el país se encuentran prohibidos en otras jurisdicciones por sus riesgos sanitarios y ambientales. Como ejemplo mencionaron el herbicida Paraquat, vetado en la Unión Europea, Brasil y Reino Unido, y de uso restringido en otros países, lo que vuelve a poner en debate los criterios regulatorios vigentes.
