En medio de la polémica por la posible derogación de la ley de emergencia en discapacidad, desde el Gobierno nacional aseguraron haber detectado que 178 mil usuarios con Certificado Único de Discapacidad (CUD) están fallecidos, pero figuran activos en la percepción de la pensión.
Según explicaron desde Casa Rosada, el hallazgo fue validado con las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que depende del Ministerio del Interior, y surgió del proceso de revisión al que fue sometida la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras el escándalo de las coimas.
En efecto, el interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, el sanitarista designado para reemplazar a Diego Spagnuolo, luego de su polémica salida, habría detectado las irregularidades durante el proceso de revisión y autorizó las bajas de los certificados observados.
Además, desde el Ejecutivo nacional adelantaron que analizan la posibilidad de judicializar tanto a los que hacían uso de los beneficios del CUD como a los prestadores involucrados. “Es lisa y llanamente una estafa al Estado”, explicaron desde los despachos de la cartera que comanda Diego Santilli.
Vale recordar que, el CUD es un documento gratuito que certifica la discapacidad y habilita a acceder a prestaciones que brinda el Estado. El mismo, es otorgado por la Junta Interdisciplinaria que realiza una evaluación para determinar si corresponde la emisión del certificado.
El hallazgo forma parte de una serie de supuestas irregularidades que obligaron al Ejecutivo nacional a impulsar, el pasado 28 de agosto, una auditoría integral sobre el organismo que incluyó, además, la revisión de contratos luego de que Spagnuolo apuntara contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por pedidos de coimas.
Si bien los resultados no están cerrados, podrían ser oficializado sobre el final del primer trimestre de 2026, lo cierto es que hubo más de una inconsistencia detectada en el ANDIS, lo que llevo a la administración mileísta evaluar la posibilidad de quitarle la autonomía, para que pasará a depender de la cartera de Salud, que conduce Mario Lugones.
Según explicaron desde Casa Rosada, las alertas se intensificaron cuando se registró un incremento del 27% en la compra de siete medicamentos clave para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda de la obtenida por el Ministerio de Salud. El detalle surgió de un preliminar informe sobre la ANDIS, tras la confirmación de la salida de Spagnuolo.
Es preciso mencionar que, en las última semana, la administración libertaria intentó avanzar en la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad con la inclusión del tratamiento del capítulo XI en el Presupuesto 2026 que fue resistido por la oposición y varios gobernadores aliados en la Cámara de Diputados.
En ese marco, el Gobierno prescindió de la derogación en la Cámara Alta, por no tener los votos necesarios para su aprobación, por lo que trabaja en contrapropuesta en la que instrumentaría modificaciones a la letra aprobada, vetada y ratificada en el Congreso.
ANDIS acató una orden judicial y reanudó el pago de pensiones en todo el país
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deberá reestablecer las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas hace algunos meses, en cumplimiento de una orden judicial con alcance nacional. La medida se formalizó mediante la Resolución 12621/2025 en el Boletín Oficial y firmada por el interventor del organismo, Alejandro Alberto Vilches.
El fallo que motivó la decisión fue dictado por el Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, a cargo de Guillermo Díaz Martínez, que hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Defensor del Pueblo provincial, Dalmacio Mera, en representación de un colectivo de pensionados.
La resolución judicial ordenó a la ANDIS restablecer en un plazo de 24 horas todos los pagos suspendidos desde el 2024 y abstenerse de realizar nuevas auditorías o suspensiones hasta que se dicte sentencia definitiva, al tiempo que instruye a la Dirección de Asignación de Apoyos Económicos y Liquidación a no avanzar con auditorías mientras siga vigente la medida cautelar.
En este marco, el organismo también deberá notificar a los beneficiarios, destinar los fondos necesarios para cumplir con el fallo y comunicar la decisión a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para reactivar las prestaciones de manera inmediata.
Es que, el fallo de Díaz Martínez reconoce que la suspensión de las pensiones afectó de manera homogénea a miles de personas con discapacidad y, en ese sentido, aplicó la doctrina del caso “Halabi”, de la Corte Suprema, al considerar que se trataba de un derecho de incidencia colectiva.
En consecuencia, esta medida cautelar protege a todos los beneficiarios que sufrieron la quita del ingreso en cualquier provincia del país y busca responder a una serie de demandas acumuladas en el mismo expediente, presentadas por entidades como la Asociación Azul, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
Sobre este punto, los colectivos aseguraron que las auditorías impulsadas por la Agencia, comenzaron en agosto del 2024 sin criterios públicos ni protocolos de evaluación claros. Asimismo, los denunciantes advirtieron sobre dificultades de accesibilidad y una serie de irregularidades en las notificaciones, muchas de las cuales nunca llegaron a los domicilios o presentaban errores formales.
Por último, las organizaciones también destacaron que el decreto 843/2024, firmado en septiembre del año pasado, elevó al 66% el umbral de discapacidad exigido para acceder a la pensión y amplió las causales de caducidad, lo que provocó la pérdida del beneficio para miles de personas sin ingresos alternativos ni redes de contención.
