En la madrugada de este jueves, el oficialismo consiguió la media sanción del Presupuesto 2026 y del proyecto de Inocencia Fiscal en la Cámara de Diputados, aunque no logró su objetivo de derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, un revés político que marcó el tramo final de una sesión atravesada por negociaciones intensas, maniobras reglamentarias y fuertes cruces entre el Gobierno y la oposición.
De esta manera, La Libertad Avanza obtuvo el aval en general al primer Presupuesto de la gestión de Javier Milei, luego de dos años en los que el Ejecutivo administró con prórrogas del esquema de gastos e ingresos de 2023, y girará ahora el texto al Senado con la expectativa de revertir allí el resultado adverso que sufrió en uno de los capítulos más sensibles del debate legislativo.
Para aprobar el Presupuesto 2026 en general, el oficialismo reunió un amplio entramado de apoyos que incluyó al PRO, sectores de la UCR, el MID, bloques provinciales y diputados que responden a gobernadores aliados como Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Marcelo Orrego, Rolo Figueroa y Claudio Vidal, además de Innovación Federal y otros espacios que resultaron claves para alcanzar el quórum y sostener la votación inicial, mientras que Fuerza Patria, Encuentro Federal y la izquierda votaron en contra, y Provincias Unidas se abstuvo.
Sin embargo, el escenario cambió de manera sustancial al momento de la votación en particular, cuando varios aliados del Gobierno se negaron a acompañar el artículo 75, que propone derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, y votaron en contra tres diputados de Elijo Catamarca, dos tucumanos de Independencia, un salteño de Innovación Federal, la diputada neuquina Karina Maureira y catorce integrantes de Provincias Unidas, mientras que la UCR mostró una postura dividida.
En tanto, el Presupuesto 2026 aprobado en general prevé un crecimiento económico del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un dólar oficial que rondaría los 1.423 pesos en diciembre del próximo año. Al mismo tiempo, el escrito proyecta un superávit primario del 1,5% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,2%, aunque desde la oposición cuestionaron la consistencia de esas variables y advirtieron que las estimaciones oficiales no se condicen con la dinámica actual de la economía, en especial en materia cambiaria y de precios.
Es preciso mencionar que, la controversia por el artículo 75 del Presupuesto 2026 dominó gran parte de la sesión, incluso desde su inicio, cuando el oficialismo impulsó que la votación en particular se realizara por títulos completos para evitar que ese punto quedara expuesto de forma aislada, una maniobra que fue rechazada por la oposición, que reclamó una votación nominal artículo por artículo para impedir que la derogación de las emergencias en educación universitaria y discapacidad quedara “escondida” junto a otros temas sensibles como los subsidios al gas o la actualización de prestaciones.
A pesar de aprobar la moción para votar por títulos, el Gobierno no logró sostener el capítulo 11, que además de la derogación de las leyes de discapacidad y universidades, incluía la incorporación a último momento de la coparticipación adeudada a la Ciudad de Buenos Aires y un aumento de fondos para el Poder Judicial, ya que la votación final arrojó 123 votos en contra, 117 a favor y dos abstenciones, lo que derivó en el rechazo completo del capítulo y dejó sin efecto esas modificaciones.
Durante el debate, el flamante presidente de la Comisión de Presupuesto, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, defendió el proyecto en nombre del oficialismo al sostener que la reducción del gasto público es una “condición necesaria para bajar impuestos y mantener el equilibrio fiscal”, mientras que desde el peronismo y otros bloques opositores se advirtió que el Presupuesto refleja un escenario de mayor ajuste, caída del consumo y debilitamiento del entramado productivo, además de ser calificado como “ilusorio” por subestimar la inflación real.
El revés legislativo se produjo pese a las gestiones de último momento del ministro del Interior, Diego Santilli, qie intensificó las negociaciones con gobernadores aliados de Tucumán, Misiones y Chaco mediante la distribución de $66.000 millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y compromisos políticos como la inclusión de los fondos de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, una estrategia que no alcanzó para evitar el rechazo del capítulo más polémico y que ahora obliga al Gobierno a redefinir su estrategia en el Senado.
En este sentido, la extensa sesión dejó un capítulo de tensión adicional tras la aprobación de la Inocencia Fiscal, cuando el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, impulsó una moción para avanzar con las designaciones de los representantes de Diputados en la Auditoría General de la Nación, lo que provocó el retiro del recinto del PRO, la UCR y Provincias Unidas en rechazo al acuerdo alcanzado entre el oficialismo, el peronismo y los gobernadores del norte, y sumó un nuevo foco de conflicto a una jornada marcada por el desgaste político y las disputas internas.
Tras la media sanción al Presupuesto 2026, el Congreso se prepara para la mega marcha contra la reforma laboral
Luego de una madrugada picante en Diputados, este jueves, la Confederación General de Trabajadores (CGT) junto a organizaciones sociales, educativas y sindicales saldrá a las calles para marchar contra la reforma laboral, que impulsa el Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei.
Es que, mientras la Cámara de Senadores comenzará a discutir en el recinto el proyecto de “modernización laboral”, movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), las dos CTA, la CGT y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), entre otros sindicatos, marcharán a Plaza de Mayo.
En las últimas horas, el triunvirato de la CGT expresó que los trabajadores “se movilizarán de manera pacífica y responsable”, por lo que criticó las recientes declaraciones de la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que afirmó que aplicará el protocolo antipiquete en la marcha que tendrá epicentro en la Plaza de Mayo a partir de las 15 horas.
En ese marco, desde la entidad obrera exigieron a las autoridades nacionales que “garantice la integridad física y la libertad de quienes participen en la movilización” contra la reforma laboral, al tiempo que reclamaron que desde la cartera de Seguridad “se abstengan de promover discursos estigmatizantes o intimidatorios“.
