Según el texto oficial, la ahora ex Andis “opera sobre un ecosistema tecnológico fragmentado, heredero de sistemas inconexos”, lo que genera duplicación de tareas, inconsistencias de datos y dificultades para garantizar trayectorias de atención, poniendo en riesgo el acceso efectivo a prestaciones médicas, medicamentos de alto costo y dispositivos de apoyo.
En ese marco, el decreto dispone la incorporación de la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud, que pasará a actuar como continuador legal y administrativo de la Andis, asumiendo todos sus compromisos, personal, bienes y créditos presupuestarios, garantizando la continuidad de los servicios.
La medida formaliza lo que el Gobierno había anticipado días atrás: la eliminación de la Andis como organismo descentralizado, en línea con el anuncio de Adorni, quien había señalado que la agencia acumuló “capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
El DNU también modifica la Ley de Ministerios para reforzar las competencias del Ministerio de Salud en materia de discapacidad, incluyendo el diseño, control y auditoría de pensiones por invalidez, y amplía sus atribuciones sanitarias vinculadas al Registro Nacional de Precursores Químicos, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Nacional.
Entre los considerandos de la medida, el Ejecutivo sostuvo que las irregularidades administrativas, financieras y tecnológicas detectadas, sumadas a la magnitud de los recursos comprometidos, configuran una circunstancia excepcional que impide seguir el trámite legislativo ordinario. En ese sentido, argumentó que la demora podría agravar la afectación de derechos de las personas con discapacidad y comprometer la continuidad de prestaciones esenciales.
Además, el decreto prorroga la emergencia sanitaria declarada en diciembre de 2023 y advierte que no extenderla implicaría un riesgo inmediato para la continuidad de los servicios de salud, con posibles consecuencias irreversibles en la red asistencial.
Tal como establece la normativa vigente, el DNU será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, que deberá expedirse sobre su validez. Mientras tanto, el Gobierno avanza con una reorganización que, según afirma, apunta a mejorar la trazabilidad, eficiencia y transparencia de las políticas públicas en discapacidad y salud.
