El Juzgado Civil Comercial N°8 de La Plata rechazó la medida cautelar impulsada por la Caja de Abogados de la provincia que tenía como fin habilitar la feria judicial para dejar sin efecto la ley sancionada a fines de 2025 por la Legislatura bonaerense que redujo del 10 a 5% la sobretasa de justicia que pagan los ciudadanos tras finalizar un juicio y limitó los viáticos de la caja previsional.
En ese sentido, el reclamo judicial fue efectuado en primer término a través de un amparo elevado por el presidente de la Caja de Previsión Social para Abogados, Fabián Portillo, y luego por el titular de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Caja, Fernando Juan Varela.
No obstante, la reciente resolución del juez Federico Martínez rechazó habilitar la feria judicial de enero para tratar los expedientes por lo que la ley de reforma a la Caja de Abogados impulsada por La Cámpora, y reglamentada por el Ejecutivo desde el 23 de diciembre, continuará vigente por el momento.
“Deben existir razones que impugnan la inevitable perentoriedad de la intervención del juez o tribunal, ante la inminencia irreparable de la frustración de los derechos, atento a su carácter excepcional. No basta el mero carácter de urgencia que puede revestir el asunto para el justiciable”, remarcó el magistrado ante el pedido de declaración de inconsitucionalidad de la ley.
Según los considerandos de la resolución a la que accedió Diputados Bonaerenses, para el juez Martínez el reclamo impulsado por los representantes de la Caja de Abogados y de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la misma “radican en cuestiones netamente económicas”, las cuales “producirían nulo impacto” como consecuencia de la paralización temporal de la actividad por la feria judicial.
De esta manera, el juez indicó que no existen elementos que justifiquen la habilitación judicial, puesto que esta se reserva únicamente a temas cuya “existencia de la posibilidad objetiva del retardo en el proveimiento de la causa frustre un derecho o una necesidad impostergable, o produzca un daño irreparable”.
En detalle, laley sancionada por la Legislatura bonaerense modifica dos artículos de la Ley N°6.716 del Régimen Legal de la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia, que obligba a contribuir con una “carga económica adicional” del 10% del importe de la Tasa de Justicia (un ingreso que, según el último balance, representa $1.493.600.036 para la Caja). Con la reforma de la ley, esa cifra bajó al 5%.
“Esta contribución no guarda relación directa con la prestación de los servicios judiciales. Por el contrario, se asigna al fondo solidario de la Caja. Según el último balance de la entidad, de los ingresos previsionales que registran, la sobretasa representa el 2.38%. Explíquenme qué sistema se quiebra con ese porcentaje”, indicó el diputado camporista y autor del proyecto, Facundo Tignanelli.
Asimismo, la legislación plantea que los fondos recaudados en concepto de la contribución a cargo del obligado al pago de la sobretasa de Justicia “serán destinados exclusivamente al pago de las prestaciones de los afiliados, y no podrán ser utilizados para cubrir viáticos, gastos operativos y/o administrativos”.
Tras la publicación en el Boletín Oficial de la ley que redujo la sobretasa de Justicia, desde la Caja de Abogados impulsaron dos medidas judiciales que fueron desde la acción de amparo para declarar su inconstitucionalidad hasta la medida cautelar para habilitar la feria judicial. No obstante, la cautelar fue rechazada y el amparo deberá esperar, al menos, hasta febrero.
La resolución que rechaza el reclamo de la Caja de Abogados por la reducción de la sobretasa de justicia
