La Cámara de Diputados retomará esta semana el debate por la modificación de la Ley de Glaciares, en un contexto de fuerte tensión política y social. El oficialismo apunta a llevar el proyecto al recinto en la primera quincena de abril, luego de que el Senado ya le diera media sanción.
Las audiencias públicas se desarrollarán durante dos jornadas —miércoles y jueves— con horario extendido de 10 a 19, aunque no se descarta que se prolonguen hasta la medianoche. La convocatoria, impulsada por los titulares de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, se da pese a que los inscriptos superan las 100.000 personas.
Uno de los puntos más cuestionados es el mecanismo de participación. Las exposiciones serán virtuales, con videos de hasta cinco minutos alojados en el canal oficial de Diputados, acompañados por presentaciones escritas de hasta diez páginas. Frente a esto, diversas organizaciones ambientalistas acudieron a la Justicia para exigir mayor apertura.
El planteo fue rechazado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, que avaló la realización de las audiencias. Tras la resolución, el diputado Mayoraz salió al cruce de las críticas: “Eso es lo que te hacen creer un grupo minúsculo de ONGs y charlatanes de feria que intentaron boicotear este proceso trascendental de participación ciudadana”, afirmó. Y agregó: “La justicia federal rechazó el pedido de suspensión de las audiencias convocadas para el 25 y 26 de marzo”.
El legislador también defendió el esquema adoptado: “El plazo es más que razonable; toda la información necesaria para participar fue puesta a disposición de la ciudadanía en forma clara y oportuna, tal como lo dispone el Acuerdo de Escazú”.
Otra decisión que generó controversia es la restricción en la presencialidad: solo podrán asistir diputados de las comisiones involucradas, mientras que el resto de los legisladores y asesores quedarán excluidos de las jornadas.
Camino al recinto
Finalizadas las audiencias, el oficialismo prevé convocar a un plenario de comisiones entre el 7 y el 8 de abril para firmar dictamen y avanzar hacia una sesión el día 15. El objetivo es reunir al menos 129 diputados para garantizar el quórum y aprobar la iniciativa.
Desde La Libertad Avanza trabajan en acuerdos con bloques aliados. A sus 95 bancas se sumarían sectores del PRO y la UCR, además de legisladores de provincias cordilleranas como Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza, cuyos gobernadores respaldan la iniciativa.
Sin embargo, el respaldo no es unánime. Persisten diferencias internas y ya se registraron rechazos, como el de la diputada jujeña María Inés Zigarán, quien anticipó su voto en contra. Ante este escenario, el oficialismo no descarta introducir cambios para asegurar la mayoría.
Qué cambia la ley
La reforma apunta a modificar el régimen vigente desde 2010, que establece la protección total de los glaciares y del ambiente periglacial. El nuevo esquema propone otorgar mayor autonomía a las provincias para definir qué áreas preservar y en cuáles habilitar actividades productivas.
En concreto, se abriría la posibilidad de desarrollar minería y exploración hidrocarburífera en zonas periglaciales, bajo criterios definidos por cada jurisdicción. El Gobierno sostiene que la medida permitirá compatibilizar protección ambiental y desarrollo económico, mientras que los críticos advierten sobre un posible retroceso en materia de resguardo de recursos hídricos.
El proyecto ya fue aprobado por el Senado el pasado 26 de febrero con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. Ahora, Diputados tiene la última palabra en un debate que promete seguir escalando en intensidad.
