En las últimas horas, los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) confirmaron su participación en la marcha convocada para este jueves 18 de diciembre en Plaza de Mayo por la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y al rumbo general de la política económica y social de la administración nacional.
Según estimaciones realizadas por los organizadores, la marcha en Plaza de Mayo podría reunir a alrededor de 150 mil personas y se realizará pese a que el Gobierno introdujo cambios en el texto original del proyecto de reforma laboral, con el retiro del artículo que eliminaba la cuota solidaria sindical, un mecanismo clave de financiamiento gremial.
Sin embargo, para las organizaciones convocantes la versión final de la reforma laboral mantiene modificaciones estructurales que recortan derechos laborales, debilitan la negociación colectiva y profundizan la desigualdad social, por lo que consideran que la respuesta en las calles “sigue siendo necesaria”.
“El proyecto de reforma laboral que propone el Gobierno nacional está orientado a quitarle derechos a los trabajadores que hoy se mantienen dentro de una relación salarial formal plena de derechos”, sostuvo el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo. El dirigente cuestionó el nuevo esquema de despidos contemplado en la iniciativa oficial al advertir que se proponen indemnizaciones más bajas, pagadas en cuotas y excluyendo conceptos como aguinaldo, bonos y adicionales, junto con un sistema de financiamiento que recaerá sobre los jubilados.
En la misma línea, el representante de los movimientos sociales rechazó el argumento oficial que plantea que la quita de derechos a los trabajadores formales permitiría reducir la informalidad laboral, al señalar que se trata de una lógica “nunca vista” que no solo resulta injusta sino también falsa, ya que una pérdida de derechos para quienes están dentro del sistema formal impacta negativamente en el conjunto del mundo del trabajo.
En tanto, el dirigente del Movimiento Evita citó antecedentes internacionales para respaldar su posición, al recordar que en distintos países se intentó recortar la protección laboral con la promesa de que la economía repuntaría, algo que no ocurrió, y que la Organización Internacional del Trabajo ratificó que quitar derechos no genera más empleo sino trabajadores más desprotegidos, lo que refuerza la necesidad de rechazar de cuajo la reforma laboral que impulsa La Libertad Avanza.
Desde una postura aún más confrontativa, el ex secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, calificó la iniciativa oficial como una “reforma esclavista”, y sostuvo que solo podría avanzar con el aval de dirigentes que traicionen el mandato de quienes los votaron, al tiempo que aseguró que el escrito presentado por el Ejecutivo “no beneficia ni a los trabajadores formales ni a los informales, porque no contiene un solo punto que mejore los ingresos o derechos de quienes hoy trabajan en condiciones precarias”.
En ese contexto, Castro planteó que propuestas como un Estatuto de los Trabajadores de la Economía Popular y el fortalecimiento del salario social complementario solo serán posibles si la reforma laboral del Gobierno es rechazada, y afirmó que esa es la razón central por la que los movimientos sociales se movilizarán con fuerza en las calles este jueves, en defensa de los derechos históricos de las familias trabajadoras.
Movimientos sociales y organizaciones de DDHH marchan este jueves contra la reforma laboral
Es preciso mencionar que, el rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Milei también se expresó desde otros espacios del campo social y político. Es que, la dirigente nacional de Libres del Sur, Silvia Saravia, confirmó la participación de su organización en la movilización de este jueves, y afirmó que la jornada busca “enviar un mensaje opositor contundente al Ejecutivo”.
Desde el ámbito de los derechos humanos, la presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, María José Lubertino, cuestionó tanto la reforma laboral como el presupuesto vigente, consideró que “vulneran el principio de no regresión en materia de derechos y afectan áreas sensibles como discapacidad, salud, educación, el financiamiento universitario y el Hospital Garrahan“, en contradicción con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.
Por su parte, las dos CTA ratificaron su participación en la marcha de este jueves. Es que, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, informó que las tres centrales sindicales acordaron una estrategia común frente a la reforma laboral, que incluye el rechazo categórico del proyecto por considerarlo regresivo y la decisión de poner en estado de movilización permanente a la clase trabajadora, con una jornada nacional de protesta que tendrá su eje en Plaza de Mayo, aunque también contará con réplicas en las principales plazas del país.
Cabe recordar que, entre los principales puntos cuestionados del proyecto figuran el abaratamiento de los despidos, la flexibilización de la jornada laboral, la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la prioridad de los convenios por empresa, el salario atado a la productividad, las restricciones al derecho de huelga y la ausencia de políticas efectivas para reducir la informalidad laboral, en un escenario en el que la CGT, las CTA y los movimientos sociales se preparan para una de las mayores demostraciones de fuerza contra la agenda laboral del Gobierno.
