En medio de sospechas de que se filtró información vital de YPF a los fondos extranjeros, el Gobierno anunció la salida de 60 empleados de la Procuración del Tesoro.
Desde el organismo dirigido por Santiago Castro Videla emitieron un comunicado en el que señalaron que está realizando una «profunda reestructuración» para “eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público, en el marco de los lineamientos establecidos por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, orientada a consolidar una administración pública más ágil, moderna y efectiva”.
“Este recorte histórico de personal con más de 60 desvinculaciones y una drástica reducción de áreas técnicas, busca fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos”, resaltaron.
Y agregaron: “Con una nueva política de ahorro y reasignación de recursos se han reducido desde el inicio de la gestión las comitivas y gastos en viajes oficiales».
“La Procuración del Tesoro reafirma así su compromiso con una defensa eficaz del Estado, acompañando el proceso de transformación nacional con una gestión técnica, transparente y centrada en el servicio a los ciudadanos. Reducir el gasto público y colaborar con el equilibrio fiscal es un objetivo compartido por todas las áreas del gobierno y prioridad absoluta de esta administración para el manejo de una gestión eficiente”, resaltaron.
Donald Trump respaldó a la Argentina en el caso YPF: qué hay detrás de su apoyo
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que responde directamente a Donald Trump, presentó esta semana un escrito en el que respaldó la postura de la Argentina en el juicio que los fondos buitres mantienen contra el país por la estatización de YPF, ocurrida en 2012.
Tras el fallo emitido en 2022 por la jueza de Nueva York Loretta Preska en el que Argentina debía pagar U$S 16.000 a los fondos buitres como Burford Capital, que compró el derecho a litigio por YPF, llegó el de junio de este año, en el que la magistrada ordenó entregar el 51% de las acciones de la petrolera.
Pero el Departamento de Justicia de los Estados Unidos intervino en calidad de amicus curiae, que es una figura que implica que un tercero puede presentar argumentos a favor de una de las partes en un litigio cuando se trata de una causa de interés público, según informó A24.
Ese fue el trabajo que les tocó a los abogados David E. Farber y Benjamin H. Torrance, de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, cuyos argumentos ya están en manos de la Cámara de Apelaciones de ese distrito, la misma ante la cual Argentina apeló la semana pasada al fallo de Preska.
Como Argentina apeló, la decisión de la jueza está en suspenso. Mientras tanto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos intenta ganar tiempo, no tanto por afinidad política sino para evitar sentar jurisprudencia en un caso en el que privados buscan quedase con un bien estatal para el pago de una deuda.
El objetivo es, por ejempo, evitar que se pueda aplicar ese fallo de manera recíproca.
Aunque el documento presentado esta semana no es vinculante sí tiene un peso político. Lo que resta saber es si la palabra de los hombres de Donald Trump tendrá más valor que la de la administración anterior, a cargo de Joe Biden, que también respaldó a la Argentina en 2023.
Los argumentos del fiscal David Williams, que firmó el planteo de la administración de Biden, era que si la Justicia de Nueva York obligaba a la Argentina a entregarle el 51% de sus acciones a los fondos buitres como Burford Capital entonces se violaría la inmunidad soberana del Estado argentino.
Es decir, que la Justicia de los Estados Unidos no tiene competencia para ejecutar activos pertenecientes a gobiernos extranjeros, por lo que no le puede permitir a una firma hacerse con las acciones del Estado argentino en YPF.
