En las últimas horas, la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) cuestionaron la avanzada del gobierno de Javier Milei en la privatización de la Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA), y advirtieron que la venta de la empresa impactará de lleno en el precio de las tarifas de luz.
Esta semana, Casa Rosada publicará el decreto con el que privatizará el 49% de NA-SA, la cual es la empresa encargada de operar las tres centrales nucleares que tiene el país (Atucha I, Atucha II y Embalse), que juntas aportan el 7% de la energía eléctrica de todo el país. Todo esto, pese a que la firma cuenta con un superávit de $17.234 millones en el primer trimestre del año.
“NA-SA es una empresa del pueblo argentino. Garantiza, con estándares internacionales de seguridad, cerca del 9% de la electricidad que consumimos a un precio accesible. Es superavitaria y estratégica: sostiene trabajo calificado, industria nacional, ciencia, tecnología y capacidades de ingeniería únicas en la región y en el mundo. La tecnología nuclear no es un privilegio, es una política de Estado que hace más de 70 años mejora la calidad de vida de las familias e impulsa a la industria argentina con energía segura y siempre disponible”, sostuvieron desde APCNEAN.
En ese sentido, los profesionales en la actividad nuclear recordaron que las tarifas de NA-SA son de las más bajas del mercado, por lo que la privatización de la empresa incentivaría a que se incremente la boleta de luz para igualar las del mercado. “Los ciudadanos pagan esta diferencia para acrecentar la rentabilidad de un privado”, fustigaron.
“El gobierno de Milei pretende convertir la infraestructura nuclear, con sus grandes obras de ingeniería y su personal al servicio de los argentinos, en un negocio donde se blindan rentas privadas y se socializan riesgos y pasivos de largo plazo. Las centrales nucleares requieren planificación, inversión sostenida y un activo control estatal para garantizar su seguridad y la previsibilidad en el suministro de energía eléctrica”, criticaron en el comunicado.
En esa línea, la APCNEAN precisó que este intento de privatizar la Nucleoeléctrica se da en el marco de un recorte en los salarios del sector, el desfinanciamiento de proyectos y una reducción de la planta altamente especializada mediante despidos injustificados del personal de carrera, o por la migración hacia actividades mejor pagadas.
En agosto del año pasado, el subsecretario del ministerio de Reforma del Estado, Alejandro Tamer, desembarcó en la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para auditar las dotaciones de ambas instituciones. Según la APCNEN, el paso del funcionario de Federico Sturzenegger por otros organismos, concluyó con una reducción de estructura organizativa y de personal.
“Desde la APCNEAN repudiamos este intento de cercenar las capacidades estatales en materia nuclear. No vamos a tolerar que se entregue el patrimonio estratégico de la Nación por un apuro fiscal. Además, alertamos que no hay precisiones sobre el destino de las acciones en poder de la CNEA, dueña original de toda la infraestructura nuclear, que podría perder su participación en las decisiones sobre las centrales”, remarcaron desde la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear.
El gobierno de Milei quiere privatizar la Nucleoeléctrica: los detalles
La intención del Gobierno libertario es publicar un decreto que permita la venta de acciones de la Nucleoeléctrica Argentina: el 51% pertenecería al Estado, un 44% estará a la venta en una licitación pública nacional e internacional y un 5% quedará para los trabajadores a través de un programa de propiedad participada.
Actualmente las acciones de NA-SA están repartidas en un 79% para el Ministerio de Economía, un 20% para la CNEA y el 1% para Energía Argentina (ENARSA). No obstante, con el decreto privatizador estos dos últimos actores deberán transferir sus acciones a la Secretaría de Energía.
Tras eso, el Ministerio de Economía dictará las normas operativas y complementarias necesarias para instrumentar la privatización, la cual estaba prevista en la Ley Bases sancionada por el Congreso de la Nación a mediados de 2024, dado que la NA-SA era una de las empresas sujetas a ser vendidas.
