El proyecto de Presupuesto 2026 que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso semanas antes de las elecciones muestra retrocesos y avances en lo que respecta al financiamiento del sistema educativo nacional. Los números muestran que la participación de «Educación y Cultura» en el PBI se reducirá al 0,75 %, el nivel más bajo en os 10 años, con cambios de impacto directo en la manera de distribuir los recursos tales como derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional (que fija la obligación de destinar al menos el 6% del PBI a la educación), la reducción progresiva de la inversión en ciencia y tecnología (que contempla un máximo de 1% del PBI) y el Fondo Nacional para las Escuelas de Educación Técnico Profesional. Las universidades y el Plan de Alfabetización Nacional, dos ejes a tener en cuenta.
Los datos surgen del informe “Presupuesto educativo nacional 2026”, de Argentinos por la Educación, elaborado por Javier Curcio (FCE/UBA, IIEP – UBA CONICET), María Sol Alzú y Martín Nistal, donde analizaron el proyecto de la «ley de leyes» que ingresó al Congreso el mes pasado. En el relevamiento, los especialistas tomaron en cuenta los gatos de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, sumado a las erogaciones destinadas a la función “Educación y Cultura” (que corresponden en un 80% a la Secretaría, pero abarcan también recursos de otros ministerios como Defensa e Infraestructura).
La inversión nacional representa alrededor del 25% del presupuesto educativo público y el restante 75% corresponde a las provincias. Desde 2015, cuando se alcanzó un pico de 1,59% del PBI, la inversión en educación muestra una caída constante, donde el gasto real pasó de $12,9 billones (constantes 2025) a $6,2 en 2025. Para 2026, el Gobierno proyecta una leve recuperación de 8% en términos reales (de hasta $6,8 billones) aunque en un contexto general de contracción y ajuste del gasto público.
Dentro del nuevo esquema la Secretaría de Educación exhibe un aumento nominal del 17,9%, lo que implica una suba real de solo 3,6% según la inflación estimada en el propio Presupuesto 2026 (13,8%). En términos relativos, el área educativa pierde peso dentro del gasto total: su participación en la función «Educación y Cultura» caerá del 85% al 81,7%.
Presupuesto 2026: un ajuste estructural en educación
Según las proyecciones oficiales, la Secretaría de Educación será una de las cuatro áreas del Estado con mayor incremento de fondos en 2026: sus recursos variarán un 17,9% con respecto a 2025, lo que equivale a un crecimiento real de 3,6% (según la inflación del proyecto de ley) y de 0,1% con la inflación del REM. Solo el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado (78,9%), Obligaciones a cargo del Tesoro (30,6%) y el resto de las áreas del Ministerio de Capital Humano (20,1%) tendrán aumentos mayores.
De aprobarse el proyecto de la gestión libertaria, el financiamiento de la educación quedará sin un piso legal, puesto que la inversión en educación caerá al 0,75 % del PBI en 2026 (ver gráfico 1), el nivel más bajo desde que se sancionó la norma. El retroceso es estructural: mientras en 2015 el gasto educativo nacional representaba el 1,59% del PBI, en 2024 cayó al 0,8%, y este año cerrará en torno al 0,82%.
“La programación presupuestaria realizada por el Ejecutivo para 2026 sugiere el inicio de una posible reversión del profundo ajuste que caracterizó al sector educativo durante los últimos años», expresó Javier Curcio. En esa línea destacó que «es imprescindible recuperar el consenso político y social en torno a la asignación prioritaria y estable de recursos para la educación con la legitimidad que otorga la aprobación parlamentaria».
Si bien hay una tendencia descendente que se profundiza en la proyección de los gastos del área educativa, se necesitan «reglas claras, previsibilidad y un acuerdo federal que reinstalen el compromiso del país con la educación y la ciencia, sosteniendo el financiamiento adecuado, efectivo y sostenible”, puntualizó Curcio.
La función «Educación y Cultura» representará apenas el 5,3% del Presupuesto 2026, detrás de rubros como Seguridad Social (57 %) y Deuda Pública (8,5 %). En la última década, la educación perdió casi la mitad de su peso relativo dentro del gasto total del Estado.
En términos políticos, la eliminación del piso legal del 6% del PBI marca un quiebre histórico: el financiamiento educativo deja de tener un respaldo normativo y pasa a depender de la discrecionalidad fiscal del Gobierno.
El cambio revela un giro en la estrategia oficial: menos foco en capacitación y materiales, pero más énfasis en extensión del tiempo escolar. El Gobierno lo presenta como un paso hacia la “eficiencia estructural del sistema”, pero los expertos advierten que se trata de un redireccionamiento sin una política pedagógica de base.
El Plan Nacional de Alfabetización, eje de la nueva política educativa
El Plan Nacional de Alfabetización (PNA), lanzado en 2024, es una de las pocas áreas con incremento significativo: su presupuesto sube 78,9% nominal (más de 50% real), impulsado por la universalización de la jornada extendida, que absorberá el 82% de los fondos. Sin embargo, este cambio de prioridades implica fuertes reducciones en las “acciones complementarias” del programa (-96,9 %) y en la formación docente en alfabetización (-25,2%).
La reconfiguración del plan muestra un giro: menos recursos para capacitación y materiales, y más para infraestructura y extensión del horario escolar, un enfoque que el Gobierno presenta como “eficiencia en la inversión”, aunque especialistas advierten sobre la pérdida de políticas de acompañamiento pedagógico.
La novedad es la incorporación de una partida para la universalización de la jornada extendida, que absorberá el 82% de los recursos del plan, lo que representa $477.000 millones. En contrapartida, las “acciones complementarias” del PNA se reducen un 97%, y la formación docente específica cae un 25%.
“El presupuesto 2026 refleja una dinámica de transición en las finanzas públicas. El desafío es pasar de un ajuste del gasto rudimentario a un equilibrio sostenible y de calidad. La prioridad es mantener el equilibrio fiscal y mejorar resultados», afirmó Osvaldo Giordano, presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea.
Santiago Bulat, economista y consultor, indicó que es «una gran noticia que tras el ajuste de shock inicial que se hizo en el gasto en general, empiece una etapa de priorizar los lugares en los cuales se pondrá el foco para volver a robustecer», donde es importante ver «qué funcionalidad tendrán esos recursos y su impacto final», expresó .»El foco debe estar en articular Nación con provincias, porque los problemas educativos empiezan desde las edades más tempranas”, agregó.
Por su parte, el economista y docente Jorge Lo Cascio aseguró que «la caída muy fuerte de la inversión en infraestructura y equipamiento (-63% en términos nominales) profundiza las desigualdades educativas y potencia las escasas posibilidades de lograr una alfabetización digital acorde con los umbrales de ciudadanía del siglo XXI para amplios sectores sociales”.
Financiamiento a universidades
Las universidades siguen siendo el principal destino del financiamiento educativo nacional. Dentro del presupuesto, el programa de “Desarrollo de la Educación Superior” representa el 77% del total (con una caída de 2,1 puntos con respecto a 2025), seguido por el “Plan Nacional de Alfabetización” con 9,2% (3,1 puntos más que en 2025) y “Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes” con 5,8% (0,5 puntos más que en 2025).
En total, el gasto destinado a programas de educación obligatoria y superior no universitaria alcanza el 14,6% del presupuesto de la Secretaría de Educación, mientras que casi 8 de cada 10 pesos (77%) son para el nivel universitario y el restante 8,4% para el rubro “otros gastos”. La porción de recursos destinados al sector de la educación superior es más grande de lo que fue históricamente.
Para Juan Doberti, doctor en Ciencias Económicas y docente e investigador de la UBA, el proyecto del Gobierno pone en relieve «la consolidación del desfinanciamiento educativo que se dio en 2024 y 2025». De este modo, para el especialista «el Estado restringe su rol a un magro sustento económico de las universidades nacionales y deserta del sostenimiento de la mayoría de los programas para la educación básica en aspectos tales como la infraestructura y el equipamiento escolar, la formación docente, la innovación tecnológica o la provisión de computadoras”, precisó.
Los programas más beneficiados son los vinculados a la educación obligatoria y superior no universitaria, que crecerán 50,4% nominal (entre 27% y 32% real). En cambio, el gasto universitario, que concentra el 77% del presupuesto educativo nacional, apenas subirá 0,8% real y podría caer si la inflación supera la previsión oficial.
Entre los recortes más marcados figuran las partidas para infraestructura (-62,9 %), formación tecnológica (-49,6 %) y el programa «Conectar Igualdad», que desaparece del Presupuesto 2026.
Gabriel Matera
Ambito
