La legislación provincial —basada en el artículo 85 de la Constitución de Río Negro, la Ley 4741 y otras normativas clave— otorga a la Secretaría la potestad de aplicar sanciones a quienes incumplan las disposiciones ambientales. Estas medidas incluyen apercibimientos, multas, clausuras temporales o definitivas, y la obligación de remediar los daños causados, con costo a cargo del infractor si no lo realiza por su cuenta.
Además, mediante la reciente Resolución 170/2025, se actualizó el régimen de tasas ambientales, que sostienen la estructura de contralor. Estas tasas, son exigidas a todas las actividades con impacto ambiental como hidrocarburos, industrias, transportes de residuos y obras de alto riesgo.
“La gestión ambiental en Río Negro se sostiene con herramientas legales claras, transparencia en el sistema tributario y una estructura que fortalece la vigilancia y el cumplimiento ambiental”, afirmó Judith Jiménez, secretaria de Ambiente y Cambio Climático.
En esta fecha que pone en valor la necesidad de consolidar principios ambientales fundamentales, la provincia reafirma su compromiso con un desarrollo sostenible y con el ejercicio efectivo del derecho a un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras. Con esa misma convicción, Río Negro fue parte activa de la Primera Conferencia Climática Internacional (CCI25), celebrada recientemente en Córdoba, donde gobiernos subnacionales de América Latina asumieron compromisos concretos de acción de cara a la COP30. La provincia firmó allí un compromiso regional para reforzar el trabajo conjunto frente a la crisis climática.
