Un puñado de senadoras bonaerenses del kirchnerismo presentaron un proyecto para destacar el inicio de un juicio contra productores agropecuarios y funcionarios municipales de Pergamino por la presunta contaminación debido al uso de agrotóxicos en campos ubicados dentro del radio urbano del municipio.
El juicio oral, que inició el 4 de febrero ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, se basa en un caso que comenzó en 2018 y marca un precedente histórico en materia de responsabilidad penal por el uso indebido de agrotóxicos en zonas pobladas. La causa surgió de las reiteradas denuncias de vecinos del barrio Villa Alicia de Pergamino, que alertaron sobre las fumigaciones realizadas a escasos metros de sus viviendas.
Entre los varios pergaminenses que motorizaron este juicio, se destaca la historia de Sabrina Ortiz, que comenzó a denunciar su situación desde 2011, año en el que perdió un embarazo y tuvo dos accidentes cerebrovasculares por intoxicación. Estudios posteriores confirmaron la presencia de niveles alarmantes de agrotóxicos tanto en su organismo como en el de sus hijos.
“Este juicio reviste una importancia histórica al constituir el primer proceso penal ambiental de esta envergadura en la provincia de Buenos Aires, corazón productivo de Argentina y núcleo central del modelo agroindustrial. Por primera vez se somete a juzgamiento al conjunto del arco operativo del agronegocio: no solo a quienes realizan las fumigaciones, sino también a quienes habilitan las condiciones en las que se desarrollan estas prácticas”, mencionaron las autoras del proyecto, Laura Clark, María Rosa Martínez y Mónica Macha.
En rigor, el juicio cuenta con alrededor de cien testigos, que se reparten en personas afectadas y profesionales de la medicina, la química, la biología, la bioquímica y la agronomía; y tiene en el banquillo de acusados a siete productores agropecuarios y dos exfuncionarios públicos de Pergamino, que están imputados por la omisión de controles obligatorios, e incluso uno de ellos registra un delito de amenazas.
“El proceso judicial rompe con una extendida tradición de impunidad que rodeó históricamente a este modelo productivo, permitiendo que por primera vez el agronegocio sea interpelado no sólo como una política económica, sino como un problema político, sanitario, ambiental y de derechos humanos. Si bien el juicio no alcanza aún a las grandes corporaciones que se benefician de este esquema, su existencia constituye una fisura relevante en el blindaje institucional que lo sostuvo por décadas”, destacaron las senadoras bonaerenses.
Además, las tres legisladoras del oficialismo señalaron que este proceso judicial contribuye a la soberanía de nuestras tierras, a la protección de los bienes naturales comunes y a la garantía del derecho humano a la salud y a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo de la vida.
“La Provincia de Buenos Aires necesita desarrollo, sí. Pero un desarrollo sustentable con controles efectivos y con la vida en el centro. Acompañamos a quienes durante años sostuvieron esta lucha y confiaron en la Justicia. Este juicio puede y debe marcar un antes y un después”, sostuvo Clark, que es oriunda de Pergamino.
Justamente, el proceso de agroquímicos en la Legislatura bonaerense. En la Cámara de Diputados, los miembros de la oposición, la monzoísta Silvina Vaccarezzay el lilito Luciano Bugallo, reiteraron su reclamo en el último tiempo por una ley para regular el uso de fitosanitarios, dado que no todos los municipios tienen la misma legislación en la materia, lo que produce una serie de vacíos legales.
Ejemplo de ello es lo que sucedió a principios de enero, cuando la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió suspender de manera preventiva las ordenanzas municipales que regulaban el uso de fitosanitarios en los partidos de Tandil y Rauch, en el marco de una causa de inconstitucionalidad vinculada al impacto ambiental sobre la cuenca del arroyo Chapaleofú.
La decisión, adoptada como medida cautelar, alcanza a disposiciones clave de ambas normativas locales y se fundamenta en la necesidad de evitar posibles daños ambientales, mientras se analiza el fondo del planteo judicial. El máximo tribunal bonaerense consideró que existen elementos suficientes para justificar una intervención preventiva.
