Subido a su atril, una de las novedades de la apertura de sesiones ordinarias, el gobernador Axel Kicillof anunció la serie de iniciativas que elevará este año a la Legislatura bonaerense para que sean tratadas con celeridad, entre las que se encuentra una ley para regular las apps de delivery y transporte. Si bien la propuesta fue presentada con bombos y platillos, lo cierto es que no es una novedad que el peronismo impulse un marco normativo para controlar a los cientos de miles de repartidores y conductores que manejan por las calles de los 135 municipios.
“Hablamos de miles de bonaerenses que reparten, conducen o trabajan a través de aplicaciones y que hoy quedan fuera de toda protección”, señaló Kicillof el pasado lunes, ante la atenta mirada de la Asamblea Legislativa. Según explicó el Gobernador, el texto creará un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales para dar transparencia a la actividad y garantizar acceso a la información sobre los algoritmos que organizan el trabajo. La iniciativa se elaboró a partir de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destinada a “regular y proteger la actividad” como es el caso de los trabajadores de apps de delivery.
En abril del 2022, el por entonces senador del peronismo e histórico líder del Sindicato de Canillitas (SIVENDIA), Omar Plaini, presentó un proyecto para crear el “Registro Provincial Único y Obligatorio para Trabajadores de Plataformas en Aplicaciones”, una nomenclatura muy similar a la presentada por Kicillof. La normativa planteaba que los repartidores y conductores debían inscribirse una vez por año con el objetivo de que el Ministerio de Trabajo bonaerense les expida certificados habilitantes para trabajar.
El proyecto terminó siendo aprobado por el Senado bonaerense el 27 de octubre de 2022 sin muchos sobre saltos, pero su llegada a la Cámara de Diputados terminó por desatar un sinfín de cuestionamientos que cambiaron el destino de esa ley. En abril del 2023, trabajadores de apps de delivery protestaron a las afueras de la Legislatura en contra de la iniciativa y aseguraron que Plaini y otros gremialistas buscaban “sacar provecho” de una eventual sindicalización del sector.
El revuelo escaló tanto que fue el propio ministro de Economía de la Nación de ese entonces, Sergio Massa, quien directamente ordenó posponer el debate que iban a tener a través de un plenario conjunto las comisiones de Presupuesto, Trabajo, Asuntos Constitucionales y Legislación General. Según reconstruyó Diputados Bonaerenses en aquel momento, el líder del Frente Renovador recibió llamados de aviso de representantes de las empresas de delivery que pusieron el grito en el cielo por la ley, lo que motorizó la decisión de prorrogar la discusión.
Pasado el frenetismo de esa semana, el peronismo nuevamente puso en la mesa el proyecto para regular las apps de delivery a través de una conferencia de prensa. En ella, Plaini, los titulares de bancada del oficialismo, la exsenadora Teresa García y el exdiputado Cesar Valicenti, y el ahora excosecretario de la CGT, Pablo Moyano; defendieron a capa y espada el proyecto de ley, fustigaron contra los entonces tres legisladores de La Libertad Avanza que habían criticado la normativa, y aseguraron que los miembros del bloque de Juntos por el Cambio buscaban “perjudicar” a Kicillof en pleno año electoral, al no querer sancionar una ley que habían apoyado en el Senado.
En paralelo, Diputados Bonaerenses informó en exclusiva que el marco regulatorio había llegado a oídos de los peces gordos de la multinacional colombiana Rappi, que directamente le pagaron a cada repartidor la suma de $10 mil pesos para que vaya a protestar a la Legislatura, lo que serían unos $91 mil actuales según la evolución inflacionaria. El escenario había dejado de ser una puja partidaria, y pasó a estar en boca de los miles de usuarios que se dedican al envío de productos y transporte de pasajeros.
Para sumarle más peso al asunto, a principios de mayo el debate también distó de ser exclusivamente bonaerense. En ese mes, la entonces diputada nacional, y ahora senadora provincial, María Rosa Martínez, presentó un proyecto en el Congreso que tenía exactamente las mismas características que la ley que había propuesto Plaini. La nueva normativa fue apoyada por Casa Rosada a través de la ministra de Trabajo de Alberto Fernández, Raquel “Kelly” Olmos.
A pesar de la épica que le puso el peronismo a esa presentación, y tras el cachetazo que significó la derrota en las PASO de agosto del por entonces ignoto Javier Milei, en octubre el Gobierno nacional definió cajonear la iniciativa hasta después de las elecciones generales del 22 de octubre. Todo esto ante el miedo que generó el lobby de bolsas de inversión como Blackrock, una de las que opera detrás de PedidosYa, y frente a la falta de apoyo de la CGT, que rompió la promesa de Moyano y optó por no presionar para que se debata la ley.
La historia que le siguió a eso ya es conocida. Finalmente Milei terminó ganándole la pulseada a Massa y se quedó con la Presidencia, lo que significó que todas esas propuestas intervencionistas sean reemplazadas por políticas desreguladoras. Inclusive, de haber sido sancionada, la ley de regulación de apps de transporte muy por seguro habría sido derogada por medio del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que el Jefe de Estado publicó días después de sentarse en el Sillón de Rivadavia.
En junio de 2024, hubo ciertas versiones de que la propuesta podría volver a la luz a raíz de un encuentro entre los ministros bonaerenses Walter Correa (Trabajo) y Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) con repartidores de delivery, sin embargo nada prosperó. Con este fuerte antecedente como telón de fondo, Kicillof buscará reunir las voluntades suficientes para sancionar a una ley que, pese a no conocerse si retomará los planteos de Plaini o si tendrá otros lineamientos, ya comenzó a encontrar resistencia.
