Los procedimientos se llevaron a cabo en Bahía Blanca, Coronel Suárez y Pedro Luro por hechos similares, aunque independientes entre sí, que fueron tramitados por denuncias de las instituciones.
Las investigaciones se iniciaron y se busca recolectar información para identificar a los presuntos autores, a la vez que se busca avanzar en aquellos casos en los que se presume que podrían existir armas de fuego.
Las tareas que se llevan a cabo en cada causa, implican un importante trabajo y despliegue por parte de la justicia y la policía, sumado a las medidas preventivas que fueron tomadas por cada una de las instituciones educativas.
Más allá de que las inscripciones plasmadas en las escuelas o las amenazas proferidas de manera virtual puedan contener un peligro potencial o no, la justicia se ve obligada a intervenir de manera formal.
Cada uno de los casos será analizado de manera puntual en una instancia posterior, para determinar si corresponde algún tipo de reparación o responsabilidad por parte de los padres de los menores de edad que originaron los procedimientos, movimientos de fuerzas y operativos tras la concreción de una amenaza o intimidación pública.
