En las últimas horas, el Gobierno nacional de Javier Milei se dispuso a impulsar nuevamente la ley de Inocencia Fiscal con cambios claves para que los grandes contribuyentes también puedan adherir al régimen, al tiempo que despliega una nueva estrategia política destinada a construir mayorías parlamentarias y fortalecer la gestión libertaria de cara a las elecciones presidenciales de 2027, donde el mandatario buscará la reelección.
Es preciso mencionar que, la ley de Inocencia Fiscal, que deberá ser debatida en el Congreso, forma parte del primer paquete de medidas impulsadas por Milei tras la reorganización del esquema político y el nombramiento de Diego Santilli como jefe de Gabinete, y busca también evitar que las esquirlas del caso Manuel Adorni enturbien las negociaciones con los gobernadores y los bloques aliados en la Cámara de Diputados y el Senado nacional.
En tanto, la modificación del régimen de Inocencia Fiscal aparece entre las prioridades fijadas por el oficialismo junto con la reforma política y la normativa vinculada a las Zonas Frías. Aunque la ley ya fue reglamentada, en la Casa Rosada consideran que la herramienta no alcanzó el impacto esperado, por lo que decidieron impulsar cambios que permitan ampliar el universo de contribuyentes alcanzados.
En concreto, el nuevo proyecto propone que los grandes contribuyentes también puedan adherir al régimen simplificado del impuesto a las Ganancias. Actualmente, esa posibilidad está reservada para quienes registran ingresos inferiores a $1.000 millones anuales y un patrimonio menor a $10.000 millones, mientras que la nueva iniciativa mantendría un esquema diferenciado para el sector que buscan incorporar, que podrán ingresar al sistema, aunque sin acceder a todos los beneficios y presunciones fiscales previstos para el resto de los contribuyentes.
Según dejaron trascender desde el Ejecutivo, la propuesta fue consensuada con colegios y agrupaciones de contadores de todo el país, sectores que habían cuestionado distintos aspectos de la ley original. Sin embargo, el oficialismo todavía deberá conseguir respaldo político para avanzar con la reforma, ya que el texto aún no fue enviado al Congreso y tampoco comenzó la negociación con los bloques opositores ni con los gobernadores.
En ese escenario, el Gobierno busca dejar atrás la polémica generada por el caso del ex jefe de Gabinete, quien junto con su esposa, Bettina Angeletti, se había inscripto en mayo al régimen de Inocencia Fiscal mientras era investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión despertó fuertes cuestionamientos de la oposición, aunque desde el oficialismo aseguran que la salida del funcionario permitió descomprimir el impacto político del episodio. “A esta altura eso ya no está influyendo, por lo menos no en lo que respecta a la dinámica política”, sostuvo un integrante de la cúpula libertaria.
Mientras tanto, la Casa Rosada todavía no definió por cuál de las dos cámaras ingresará el proyecto de ley de Inocencia Fiscal, aunque la alternativa que reúne mayores posibilidades es la Cámara de Diputados. No obstante, la mesa política de Milei deberá analizar esa estrategia en una próxima reunión, que fue postergada luego de la suspensión del encuentro previsto inicialmente para esta semana.
Cabe señalar que, la urgencia para ingresar el proyecto al Congreso también responde a cuestiones técnicas. Es que, especialistas en materia tributaria presionan para que las modificaciones sean tratadas antes del vencimiento de las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias 2025, previsto para fines de julio, ya que sostienen que la demora genera incertidumbre entre quienes evalúan adherir al régimen y podría desalentar la exteriorización de fondos.
Entre las modificaciones previstas, el proyecto establece que quienes ingresen a la modalidad simplificada deberán conservar durante todo el período fiscal la condición de residentes fiscales. Si la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detecta la pérdida de ese requisito, podrá excluir al contribuyente del sistema y habilitar procesos de fiscalización y aplicación de sanciones. Asimismo, para los grandes contribuyentes la adhesión tendrá efectos limitados únicamente a la presentación de la declaración jurada y al pago correspondiente.
Por caso, la iniciativa que el Ejecutivo busca impulsar también incorpora la eximición de las multas para quienes hayan cancelado o regularizado el tributo y los intereses antes de adherir al régimen, siempre que esas sanciones no se encuentren firmes. Además, la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá dictar la normativa complementaria dentro de los 15 días hábiles posteriores a la eventual publicación de la ley.
En este sentido, la impulsión de la ley de Inocencia Fiscal se inscribe dentro de una estrategia política más amplia con la que Milei comenzó a preparar el escenario para buscar la reelección en 2027. En paralelo al plan financiero que elaboran el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para garantizar el pago de la deuda hasta fines de ese año, el Gobierno intenta construir una base parlamentaria más amplia mediante acuerdos con gobernadores y dirigentes aliados.
De acuerdo a lo expuesto por dirigentes de primera línea, la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete simboliza ese cambio de etapa. Después de un año y medio centrado principalmente en la estabilización económica, la baja de la inflación y el equilibrio fiscal, el oficialismo comenzó a priorizar la construcción de consensos políticos que le permitan avanzar con reformas estructurales, entre ellas la eliminación o suspensión de las PASO, la ampliación de su capacidad legislativa y el fortalecimiento de las condiciones para un eventual segundo mandato presidencial.
LLA busca destrabar el Senado para avanzar con las primeras reformas de la nueva etapa de Milei
Mientras el oficialismo intenta consolidar la nueva estrategia política impulsada tras la llegada de Santilli a la jefatura de Gabinete, el bloque de La Libertad Avanza en el Senado buscará alcanzar un acuerdo con los bloques opositores para realizar una sesión la próxima semana y comenzar a debatir el paquete de iniciativas que el Gobierno considera prioritarias para esta nueva etapa de gestión.
La definición del temario quedará en manos de la reunión de Labor Parlamentaria convocada para este miércoles a las 12 por la vicepresidenta Victoria Villarruel, donde se prevé incluir el proyecto sobre propiedad privada, la denominada Ley Hojarasca y alrededor de treinta pliegos judiciales. La sesión podría concretarse entre el 15 y el 16 de julio, luego de que la titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, impulsara sin éxito la posibilidad de abrir el recinto esta misma semana, en un nuevo episodio de las diferencias que mantiene con la titular del Senado.
Uno de los ejes centrales será el proyecto de propiedad privada, que sufrió modificaciones durante su tratamiento parlamentario respecto de la propuesta original del Poder Ejecutivo. Entre los cambios incorporados, se mantuvo la prohibición para que empresas con capital perteneciente a Estados extranjeros puedan adquirir tierras rurales y también se conservó la exigencia de obtener el aval de las provincias, del Gobierno nacional y del Congreso para las compras de tierras ubicadas en zonas de frontera.
La iniciativa, diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, también introduce reformas vinculadas a desalojos, expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego. Durante la negociación legislativa, el oficialismo resolvió eliminar el capítulo que modificaba la legislación sobre barrios populares y reformular varios artículos referidos a la extranjerización de tierras, las expropiaciones y los procedimientos de desalojo, en busca de construir una mayoría que permita avanzar con la aprobación del proyecto.
