La Justicia mete presión y complica al diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Francisco Adorni, con una nueva causa sobre malversación de fondos desde su rol como presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiro y Pensiones Militares en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).
Es que, la diputada nacional, Marcela Pagano, presentó una denuncia penal contra el libertario por presuntas irregularidades en el manejo de un préstamo de $40.000 millones que el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) otorgó al entonces IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Según indicó la legisladora nacional, Adorni, en su rol de presidente del IAF, habría incumplido sus deberes de control sobre el destino de esos fondos y permitido una administración irregular de recursos públicos mientras la obra social profundizaba su crisis financiera.
La presentación judicial también apunta a determinar si existieron maniobras de administración fraudulenta, malversación de fondos e incumplimiento de deberes de funcionario público, además de investigar la responsabilidad de otros exfuncionarios vinculados a la operación.
En ese marco, en las últimas horas, la Cámara Federal porteña ordenó unificar expedientes que tienen apuntados al diputado bonaerense y al ex ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri para ser investigados en Comodoro Py por el juez federal, Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro Gonzaléz.
Por su parte, el juez Daniel Rafecas tiene en su despacho otro expediente que preocupa al hermano del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. Se trata de la causa por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas, en la que Francisco Adorni tiene un pedido de indagatoria firmado por el fiscal Guillermo Marijuán.
Ese caso tramita en el Juzgado Federal N° 6, que Rafecas subrogará hasta octubre de este año, en paralelo a la investigación de la fortuna de Manuel Adorni. Así, el magistrado deberá definir en las próximas semanas si ordena o no la indagatoria del legislador provincial libertario.
Francisco Adorni: también pidieron indagarlo por sus irregularidades patrimoniales
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió semanas atrás la indagatoria de Francisco Adorni, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su última declaración jurada. La petición ingresó al Juzgado Federal N°6, a cargo del juez Daniel Rafecas, y forma parte de una investigación que abarca el período 2023-2026.
El planteo judicial apunta a las irregularidades detectadas en su último informe patrimonial, dado que la fiscalía considera que ya existe el grado de sospecha necesario para avanzar sobre ese punto. La imputación se apoya en una pieza que la fiscalía considera determinante ya que, durante su paso laboral por el Consejo de la Magistratura provincial, el menor de los Adorni trabajó en un área con vinculación directa con las declaraciones juradas, por lo que, según la investigación, no podía desconocer cómo debían presentarse.
A principios de junio, el legislador bonaerense rectificó su declaración jurada después de que se abriera una investigación judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En la última corrección, el representante de LLA informó que posee $21 millones provenientes de una herencia que no había declarado antes ante la Oficina Anticorrupción (OA), un dato que no coincide con la supuesta herencia de USD 200 mil que Manuel Adorni intentó consignar en su informe propio.
De acuerdo con las últimas explicaciones del funcionario de Javier Milei, tras la muerte de su padre en 2002, los hermanos Adorni encontraron en un departamento de La Plata lo que el ministro coordinador presentó como su “primer dinero”. Sin embargo, el exvocero presidencial no precisó el monto incorporado dentro de sus bienes, y tampoco se registraron constancias dentro de los registros judiciales de la sucesión que muestren la existencia de esos fondos.
Por su parte, Jorge Adorni, el fallecido padre de los referentes libertarios, era propietario de un departamento de 52 metros cuadrados en el noveno piso de un edificio céntrico. Sobre esta propiedad recaían tres embargos: uno de acreedoras hipotecarias, otro de la administración del consorcio y un tercero del Banco Provincia.
