Los puertos de todo el territorio nacional continúan en un paro total como consecuencia de un contundente lock-out gremial. La protesta, encarada por prácticos, pilotos y baqueanos, se desató tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, una normativa impulsada por el Gobierno Nacional con el objetivo de desregular por completo el servicio de practicaje.
Iniciada el sábado 1° de agosto, la medida de fuerza abarca desde las terminales del extremo sur en Ushuaia hasta toda la traza de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
El impacto se siente con extrema dureza en el Río de la Plata y el río Paraná —vías por las que circula aproximadamente el 80% de las exportaciones e importaciones de la Argentina—, dejando a decenas de buques inactivos en puntos estratégicos como el Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes.
El trasfondo del paro total en puertos de todo el país: desregulación oficial vs. rechazo sindical
La reforma estructural que detonó el conflicto fue diseñada por el presidente Javier Milei junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Su propósito central es eliminar las denominadas «barreras de entrada» al sector, abaratar los costos operativos, habilitar la contratación directa de servicios y permitir que capitanes con experiencia puedan navegar sin la obligatoriedad de contratar prácticos locales.
Del otro lado del ring, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante salió al cruce con dureza, tildando la iniciativa oficial de «abusiva e inconcurrente». En respuesta, el gremio anunció que presentará una Acción de Amparo ante la Justicia Federal y radicará una denuncia penal contra los funcionarios firmantes, argumentando que la desregulación vulnera de forma directa la seguridad náutica en los cursos fluviales.
Intimaciones de Prefectura y excepciones operativas
Frente al colapso logístico y el riesgo de desabastecimiento, la Prefectura Naval Argentina intervino enviando cédulas de «intimación perentoria» a los profesionales. A través de estas notificaciones, se les exigió la reanudación inmediata de la prestación bajo apercibimiento legal, amparándose en que la actividad de practicaje reviste carácter de servicio público esencial.
Pese a las advertencias oficiales, los trabajadores ratificaron el cese de actividades, aunque contemplaron excepciones estratégicas para evitar una crisis mayor: la medida no alcanza a los buques petroleros ni a las embarcaciones de gas licuado, garantizando así la cobertura energética interna y previniendo eventuales contingencias ambientales en los ríos.
