El gobierno de Javier Milei intimó este martes a los 450 peritos navales encargados de maniobrar buques de gran porte en vías navegables a levantar el paro que iniciaron ayer y que mantiene frenada la salida y entrada de naves con cargas de exportación e importación. A través de la Prefectura Naval, los conminó a retomar los servicios de manera urgente bajo amenaza de sumarios y denuncias penales que podrían acarrear penas de hasta ocho años de prisión.
Los prácticos navales, los encargados de asistir a los capitanes de los buques comerciales en su navegación a través de ríos, canales e hidrovías hasta el puerto de destino, lanzaron un paro por tiempo indeterminado en rechazo al decreto impulsado por el ministro Federico Sturzenegger que busca desregular la actividad y empeora sus condiciones laborales.
Tal como lo explicó el propio ministro de Desregulación y Transformación del Estado a través de sus redes sociales, el Decreto 690/2026 exime a las empresas navieras de la obligación de contratar a prácticos y flexibiliza esa práctica para cualquier otro personal. También quita los topes a la escala salarial por esa prestación, limita la cantidad de buques que puedan entrar y empeora las condiciones de seguridad y traslado de esos peritos, entre otras cuestiones.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en el Gobierno nacional.
Los prácticos, que son los encargados de garantizar la seguridad de la entrada y salida de buques y barcos al país gracias a su conocimiento de las vías navegables y acompañan al capitán de navegación para reducir los riesgos de colisión, derrame y de cualquier accidente que pueda poner en peligro tanto las cargas como las rutas naturales, resolvieron ir al paro tras la polémica medida desreguladora.
Pero el punto que más cuestionó Sturzenegger es la tarifa que cobra un práctico. La prestación para las maniobras de ingreso o egreso de buques ronda los 15 mil y 20 mil dólares por prestación. Lo mismo o más de lo que cobra un capitán por la totalidad del viaje. Sin embargo, los valores fueron fijados a través de un tarifario vigente desde el gobierno de Mauricio Macri y no son parte de los gastos de Estado.
“No nos paga ningún ciudadano argentino, nos paga la empresa naviera” que en su mayoría son extranjeras, aclaró sobre este punto Fernando Morales, presidente de la Liga Naval Argentina.
Ahora el gobierno libertario amenaza con presentar denuncias penales contra los prácticos por defender sus derechos laborales.
Asimismo Sturzenegger descalificó a la actividad del practicaje, la denominó un “kiosco”, dijo que sus costos son “exorbitantes”, consideró que la prestación es “un servicio innecesario” y concedió esa tarea a los capitanes de buques y hasta a personal de Prefectura.
“La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, disapró el funcionario en su posteo provocador.
El decreto también modificó los criterios de dimensión de los buques a partir de los cuales era obligatoria la contratación de un práctico, y eliminó los requisitos que deben tener las embarcaciones que conducen a los prácticos desde un puerto hasta el buque.
Morales calificó de “mentiras” a los argumentos del ministro Sturzenegger y advirtió que fueron «al paro porque al limitar la cantidad de buques que pueden navegar, aumentan los riesgos de colisión” y cualquier otros accidentes en las vías navegables, añadió el perito para fundamentar sobre el peligro del decreto desregulador.
