En la antesala del debate en el Congreso del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para reformar la Ley de Tierras, la senadora bonaerense del Frente Renovador, Malena Galmarini, presentó una iniciativa en la Cámara alta para fijar en la provincia de Buenos Aires el límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras.
En ese sentido, el proyecto de ley de Galmarini respalda el “Régimen de Protección al Dominio Sobre la Propiedad o Tenencia de las Tierras Rurales”, legislación promulgada en 2011, y plantea un desafío concreto a la flexibilización de compra de tierras para personas extranjeras (de hasta 25%), que intentará aprobar este jueves en el Senado nacional el oficialismo.
En detalle, el texto elevado por la senadora bonaerense de Fuerza Patria establece en 15% el límite a toda titularidad de personas extranjeras, o empresas con más del 51% de capital extranjero, sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales de la provincia. El porcentual se computará también sobre el territorio del municipio en que esté situado el inmueble.
Galmarini remarcó que, para evitar trampas jurídicas en las sociedades de capital extranjero, queda prohibida toda interposición de personas físicas de nacionalidad argentina a los fines de configurar una “titularidad nacional figurada”. “Se considerará una simulación ilícita y fraudulenta”, indicó.
“Las tierras rurales no son zonas inútiles: concentran bienes estratégicos como agua dulce, biodiversidad, minerales y corredores logísticos. El proyecto usca consolidar una gestión estratégica de esos recursos, garantizando que su aprovechamiento se traduzca en un desarrollo sostenible y la protección del patrimonio ambiental”, puntualizó Galmarini.
En ese marco, la iniciativa plantea que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo de la provincia. En tanto, prohíbe la titularidad o posesión de los inmuebles que “sean ribereños de cuerpos de agua permanentes y los ubicados en zonas de seguridad de frontera”.
Otro de los puntos centrales de la iniciativa parlamentaria es la creación del Consejo Interministerial de Tierras Rurales, el cual estará conformado por las carteras bonaerenses de Justicia y Derechos Humanos, de Desarrollo Agrario, de Ambiente, de Gobierno y de Seguridad. Entre sus funciones estará la de “ejecutar la política provincial sobre tierras rurales” y “determinar la equivalencia de superficies”.
Por último, Galmarini planteó que el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia será el encargado de ejercer el control de la normativa y de expedir los certificados de habilitación de todo acto por el cual se transfieran derechos de propiedad o posesión sobre tierras rurales a personas extranjeras.
En las últimas horas, la titular de La Libertad Avanza en el Senado nacional, Patricia Bullrich, anunció modificaciones al proyecto de reformas a la Ley de Tierras. Para conseguir el apoyo de la oposición dialoguista, la legisladora confirmó que el tope para el capital extranjero pasa a 25% de la superficie nacional y provincial.
Reforma a la ley de Tierras: la crítica de Galmarini al proyecto del gobierno
En los fundamentos del proyecto de ley de Tierras bonaerense, Galmarini advirtió que la iniciativa del Gobierno nacional “flexibiliza restricciones sobre áreas sensibles y desarma el marco legal que durante años permitió preservar el control nacional sobre una parte sustancial de nuestro territorio”.
En rigor, el proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada redactado por el Gobierno nacional propone cambios en el régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojos y reformas a diversas leyes, la del manejo del fuego y la de tierras rurales. Esta última modificación generó un amplio rechazo opositor.
Desde el Ejecutivo nacional aseguran que la reforma busca dar mayor seguridad jurídica y atraer inversiones. En cambio, varias organizaciones ambientales sostienen que los cambios facilitarán la concentración de tierras en manos de grandes capitales extranjeros y reducirán los controles sobre un recurso que consideran estratégico para el país.
Según la senadora bonaerense del Frente Renovador, el texto que se debatirá este jueves en el Congreso establece que la autoridad de aplicación podrá exceptuar de las limitaciones a capitales extranjeros e incluso a otros estados si presentan un plan de inversiones que sirva al interés público y no constituya un riesgo a la seguridad y soberanía nacional.
