La feroz represión en las inmediaciones del Congreso, durante el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado nacional, dejó un saldó de 1500 heridos, una fotógrafa con traumatismo de cráneo y denuncias por “atentado al orden constitucional y a la vida democrática” por parte de la administración de Javier Milei contra los manifestantes detenidos.
La manifestación había comenzado cerca del mediodía del jueves, en medio de las fuertes lluvias que azotaron la Ciudad de Buenos Aires, y reunió a organizaciones sociales, sindicales, política, así como estudiantiles, mientras el Senado debatía el proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La tensión escaló durante la tarde cuando los efectivos de las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo antipiquete, que desembocó en una brutal represión que incluyó la utilización de gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes para dispersar la concentración.
Tras el operativo que duró más de 3 horas y concluyó con 28 manifestantes detenidos, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que más de 1.500 personas resultaron afectadas o heridas por gases lacrimógenos, postas de goma y otros elementos utilizados durante el despliegue represivo.
Uno de los episodios que concentró mayor atención fue el de una fotógrafa que sufrió un traumatismo de cráneo y fue trasladada al Hospital Argerich para realizarle estudios. Una médica que intervino en la atención primaria indicó que presentaba un fuerte golpe en la cabeza y sangrado por un oído.
Represión en Congreso: Monteoliva adelantó que presentará una denuncia penal contra los manifestantes detenidos
Por su parte, el Ministerio de Seguridad, que comanda Alejandra Monteoliva, este viernes adelantó que presentará una denuncia penal contra los manifestantes detenidos que podrían implicar penas de hasta 30 años de prisión.
Según la cartera, durante la movilización hubo manifestantes que arrojaron “piedras, escombros y otros objetos contundentes” contra las fuerzas de seguridad, además de roturas de baldosas y bancos públicos, daños a vehículos policiales, así como efectivos lesionados. “Estos episodios podrían haber buscado “inhibir y/u obturar, en forma parcial o plena, la actividad legislativa, alegaron.
En ese marco, la denuncia plantea la posible comisión de los delitos de atentado al orden constitucional y a la vida democrática, daño agravado, atentado a la autoridad agravado y resistencia a la autoridad. Además, sostiene que todos ellos podrían quedar alcanzados por el agravante contemplado en el artículo 41 quinquies del Código Penal.
La figura más severa mencionada es la del artículo 226, que establece penas de entre 5 y 15 años para quienes se “alcen en armas”, entre otros objetivos, para impedir al menos temporalmente el libre ejercicio de las facultades constitucionales de un poder público.
En tanto, el artículo 41 quinquies duplica el mínimo y el máximo cuando un delito es cometido con la finalidad de obligar a autoridades públicas a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Por lo tanto, de aplicarse conjuntamente ambas normas bajo la interpretación impulsada en la denuncia, la pena podría elevarse a entre 10 y 30 años para los manifestantes detenidos.
