El gobierno de Axel Kicillof reabrirá este jueves 24 de septiembre las negociaciones paritarias con los gremios de los trabajadores estatales bonaerenses para discutir una nueva recomposición salarial, en medio de los reclamos que sostienen los empleados públicos por adicionales, bonificaciones y condiciones laborales.
Según dejaron trascender desde Casa de Gobierno, la primera convocatoria confirmada es la de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que a las 15 horas del jueves retomarán la discusión correspondiente a los trabajadores comprendidos por la Ley 10.430. En tanto, los docentes y judiciales aguardan que el Ejecutivo imponga una fecha para que se abran sus nuevas instancias de negociación.
La reapertura se produce después de varias semanas de pedidos sindicales y de un septiembre que avanzó sin un nuevo incremento para los empleados públicos, ya que la liquidación de los haberes del mes había comenzado cuando todavía no se había concretado la convocatoria. El último acuerdo había establecido una mejora acumulada del 7%, con un aumento del 5% en julio y otro del 2% en agosto, ambos calculados sobre los salarios de junio, y había contemplado una instancia de revisión durante septiembre que aún no se concretó.
Ahora, los gremios que nuclean a los docentes, judiciales y estatales bonaerenses buscarán discutir nuevos aumentos para octubre y noviembre, y dejar una última instancia en diciembre para evaluar el cierre salarial de 2026. Una de las alternativas planteadas durante las últimas semanas es que la eventual recomposición contemple un incremento retroactivo para octubre, de manera que el acuerdo alcanzado tenga impacto sobre ese período.
La negociación general estará atravesada por los reclamos que distintos sectores de la administración provincial sostienen desde hace varias semanas por fuera de la discusión del porcentaje de aumento, donde trabajadores de organismos y ministerios realizaron asambleas, movilizaciones y retenciones de tareas para reclamar adicionales, bonificaciones específicas y mejoras en sus condiciones laborales.
Uno de los conflictos se concentra en el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), donde trabajadores nucleados en ATE reclaman la apertura de una Mesa Técnica para discutir una bonificación sectorial que contemple las tareas específicas que realizan en el organismo. Según el comunicado difundido por los estatales, durante las últimas semanas realizaron asambleas y acciones de visibilización y, ante la falta de convocatoria por parte de la Provincia, resolvieron una retención de tareas y un almuerzo en el hall del organismo, además de presentar un petitorio ante la Dirección Ejecutiva para solicitar formalmente la apertura de esa mesa.
En su comunicado, los trabajadores señalaron que sostienen las políticas públicas y el funcionamiento cotidiano del organismo mientras sus demandas salariales permanecen sin respuesta, y plantearon que buscan que su trabajo sea reconocido mediante una bonificación específica. La asamblea también vinculó el reclamo con la importancia de la organización colectiva, y resolvió llevar adelante la medida de fuerza durante este lunes.
Otro de los focos de conflicto está en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, donde el reclamo por una bonificación específica lleva meses sin resolverse, lo que derivó en movilizaciones, retenciones de tareas y cortes de calle, con participación de ATE, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Empleados del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (AEMOPBA).
A estos reclamos se suma la disputa en la Contaduría General y la Tesorería General, donde los trabajadores nucleados en la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) profundizaron las medidas de fuerza y llegaron a evaluar un paro general ante la falta de una nueva propuesta salarial. El planteo tiene su origen en 2023, cuando la Provincia acordó extender de 30 a 40 horas semanales la jornada laboral de los trabajadores. El gremio sostiene que ese aumento del 33,3% en la jornada debía trasladarse en la misma proporción a dos bonificaciones remunerativas, mientras que el Ejecutivo de Kicillof aplicó sobre esos adicionales una mejora del 9,9%.
Los docentes presionaron a Kicillof y exigieron una recomposición salarial urgente
En paralelo al reclamo de los estatales, los docentes bonaerenses nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) también le exigieron a Kicillof la reapertura “urgente” de la paritaria salarial, ante el deterioro del poder adquisitivo y la falta de una convocatoria oficial que permita retomar la discusión.
La encargada de presionar al Ejecutivo de Kicillof fue la presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y del FUDB, Liliana Olivera, quien sostuvo que los salarios docentes necesitan una recomposición que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido y remarcó que la discusión no debe limitarse a acompañar la evolución de los precios.
“La situación salarial de los docentes es agobiante. El deterioro de nuestros ingresos se siente día a día. Ya no se trata solo de correr detrás de la inflación, necesitamos una recomposición salarial urgente y real que nos permita hacer frente al costo de vida actual”, afirmó la líder de los docentes bonaerenses, que la semana pasada presentó un pedido formal para reabrir la negociación paritaria.
Además del salario, los docentes incorporaron al reclamo otros dos ejes vinculados con sus condiciones laborales: la garantía de la cobertura de las prestaciones de salud a través del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y la defensa del régimen previsional del Instituto de Previsión Social (IPS). “Necesitamos respuestas inmediatas en los sueldos, pero también certidumbre en lo que respecta a nuestra salud y nuestro futuro previsional”, sostuvo Olivera.
