En las últimas horas, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, oficializó la creación de un consejo académico destinado a capacitar agentes encubiertos, en el marco de un nuevo esquema de actuación que incluye la infiltración digital y el uso de identidades ficticias en redes sociales y plataformas online, a través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.
Es preciso mencionar que, la iniciativa del Gobierno nacional se da luego de la polémica por la filtración de un plan de inteligencia que incluía el espionaje a periodistas y dirigentes opositores, lo que generó duras críticas al Ejecutivo. Esta vez, la medida apunta nuevamente al mundo digital y busca formalizar la presencia de agentes encubiertos en ese ámbito, sin precisar los delitos específicos a perseguir.
De esta manera, a través de la resolución 828/25, el Ministerio de Seguridad aprobó un “protocolo para la actuación de los agentes encubiertos y reveladores digitales”, que será de aplicación obligatoria para las cuatro fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria), así como para el Servicio Penitenciario Federal.
En tanto, el texto que lleva la firma de Bullrich reconoce el crecimiento exponencial de las plataformas digitales y su presunto uso para la comisión de diversos delitos, aunque no especifica cuáles. Bajo esa premisa, se autoriza la utilización de identidades ficticias y otras herramientas encubiertas para realizar tareas de infiltración y seguimiento de usuarios en Internet.
La norma establece dos figuras específicas: el “agente encubierto digital” y el “agente revelador digital”, cuya actuación se enmarca en tareas de investigación, sin detallar los límites de su intervención ni los mecanismos de control judicial. El documento habla de la necesidad de “adaptarse a las nuevas formas de criminalidad”, pero no delimita su campo de aplicación.
En paralelo, y a través de la resolución 829/25, Bullrich creó el Consejo Académico para la Formación y Capacitación de Agentes Encubiertos, con el objetivo de dotar a estos efectivos de una “formación de excelencia” para actuar en casos de “delitos complejos y crimen organizado”, según se detalla en los fundamentos de la medida.
El nuevo consejo académico estará presidido por el juez federal y docente de derecho Ricardo Ángel Basílico, y tendrá la tarea de colaborar con la unidad especial de agentes encubiertos en el desarrollo de capacitaciones, elaboración de contenidos y articulación con el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad federales.
Si bien la iniciativa se presenta como un avance en la profesionalización de los agentes dedicados a tareas de inteligencia, especialistas y referentes políticos advirtieron que puede abrir la puerta a prácticas de vigilancia masiva o persecución ideológica si no se le otorga un marco legal claro y transparente que garantice derechos fundamentales.
La nueva invención de Bullrich desató una ola de críticas por la falta de controles y cuestionamientos por la ambigüedad
Una de las principales críticas que despertó el nuevo protocolo de Bullrich tiene que ver con la falta de delimitación precisa de los delitos a los que apunta la actuación de estos agentes encubiertos. Es que, la resolución del Ministerio de Seguridad sólo menciona en forma genérica la existencia de “diversos delitos” en el entorno digital, sin brindar un marco penal específico.
Además, se señala que el protocolo no contempla instancias de supervisión judicial estricta, algo que tradicionalmente es requerido en las tareas de inteligencia, lo que alimenta el temor de que las acciones de los agentes encubiertos se realicen sin control ni rendición de cuentas, que podría derivar en arbitrariedades o abusos.
En un contexto donde el oficialismo ya fue cuestionado por el uso de servicios de inteligencia para monitorear a opositores, periodistas y organizaciones sociales, la creación de una “escuela de infiltrados” refuerza las sospechas sobre el uso político de las fuerzas de seguridad y del aparato estatal de vigilancia.
Por último, analistas remarcan que la combinación de capacitación formal con acciones encubiertas digitales debe estar sujeta a estrictas garantías institucionales, para evitar que bajo el paraguas del combate al crimen se afecten derechos constitucionales como la privacidad, la libertad de expresión y el libre acceso a la información.
