En las últimas semanas, Gobierno nacional de Javier Milei suspendió o dio de baja más de 80.000 Pensiones por Discapacidad Laboral, en el marco de una auditoría general impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lo que representa un ahorro mensual superior a los $23.000 millones, según confirmaron fuentes oficiales.
El operativo de revisión de las pensiones por discapacidad laboral, que comenzó en febrero por orden del titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, ya alcanzó a un millón de beneficiarios, y avanza con revisiones médicas y cruces de información para verificar el cumplimiento de los requisitos legales.
Según informaron desde el Gobierno, del total de bajas registradas hasta el momento, 65.230 corresponden a suspensiones por inasistencia a controles o por inconsistencias en la documentación. A eso, se suman 8.207 renuncias voluntarias de beneficiarios que decidieron abandonar el plan ante la posibilidad de un juicio por cobro indebido, y 6.643 casos de personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la asignación.
En tanto, las autoridades de la ANDIS afirman que este procedimiento busca “redirigir los recursos del Estado hacia quienes realmente lo necesitan” y “poner fin a décadas de subsidios otorgados sin evaluación médica”, mientras que en el Gobierno estiman que el número final de bajas podría superar los 250.000 casos, ya que hasta ahora el 60% de los beneficiarios no se presentó a la auditoría médica obligatoria.
El operativo se formaliza a través de una carta documento enviada al domicilio del beneficiario, donde se le notifica la fecha y lugar para la revisión. Si no se presenta, se emite una segunda intimación. Luego, al acercarse al banco a cobrar, el beneficiario es informado de la suspensión, y si no responde, se inicia el trámite de baja definitiva. Las auditorías están a cargo de médicos del PAMI y personal técnico de la ANDIS, que revisan el Certificado Único de Discapacidad, informes médicos y documentos de identidad.
El marco legal para esta auditoría fue reforzado con el Decreto 842/2024, publicado en abril, que impone nuevos criterios de compatibilidad, obliga a la reinscripción con declaración jurada y otorga mayores facultades a la ANDIS para cruzar información con ANSES, PAMI, AFIP y el Ministerio de Justicia. También se creó un Cuerpo Médico Evaluador con competencia exclusiva para determinar la validez de los diagnósticos presentados.
Según Spagnuolo, durante las gestiones kirchneristas se otorgaron “pensiones discrecionales” sin un análisis técnico riguroso, mientras que entre 2003 y 2015 el número de beneficiarios pasó de 80.000 a 1.050.000, y entre 2019 y 2023 volvió a subir a 1.250.000. “Estamos revirtiendo un sistema que fue manipulado políticamente durante años”, sostuvo el titular de la ANDIS, quien además fue abogado personal del presidente Milei.
Por caso, desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, indicaron que las “irregularidades más graves incluyeron certificados médicos falsificados, uso de la misma radiografía para múltiples trámites, diagnósticos absurdos como pie plano, y hasta una mujer que se hizo pasar por su esposo para cobrar el beneficio”.
El Congreso apuntó contra la ANDIS y aprobó la emergencia en discapacidad
El bloque de Unión por la Patria logró a principio de este mes forzar el tratamiento legislativo de la emergencia en discapacidad en la Cámara de Senadores. La movida parlamentaria se dio luego de varias semanas de reclamos impulsados por organizaciones sociales y políticas frente a los recortes aplicados por el Gobierno nacional sobre pensiones, prestaciones y programas destinados a personas con discapacidad.
La iniciativa fue presentada por el diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo, y obtuvo en el Senado once firmas de la comisión de Población y Desarrollo Humano, algunas de ellas en disidencia, lo que permitió fortalecer el sistema de prestaciones básicas de atención integral para las personas discapacitadas hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive.
En efecto, el proyecto establece una actualización de aranceles automática de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, de una compensación de emergencia y refuerzo de las pensiones no contributivas por invalidez, al mismo tiempo que establece un aumento en el financiamiento de la ANDIS.
A pesar de que la medida tendría un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI, desde la administración nacional acusaron a la oposición de “hacer demagogia” con las necesidades de un sector vulnerable, y adelantaron que el jefe de Estado libertario vetará cualquier iniciativa que atente contra el equilibrio fiscal.
