Docentes nucleados en la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) realizarán la próxima semana un paro nacional por 72 horas en rechazó al recorte presupuestario que sufren las universidades por parte del Ejecutivo nacional, a cargo de Javier Milei.
Según detallaron desde CONADU, los docentes universitarios realizarán una jornada de lucha con un paro nacional de 72 horas, entre el miércoles 12 y el viernes 14 de noviembre, en el que habrá un cese total de actividades en las casas de altos estudios.
Entre los reclamos, los docentes volverán a exigir la aplicación de la ley de financiamiento universitario, ratificada semanas atrás por el Congreso de la Nación, luego de voltear los vetos de la administración mileísta.
Es que, la administración promulgó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, pero postergó su aplicación por lo que ambas normas quedaron sin efecto operativo a pesar de haber sido aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial.
La medida fue instrumentada a través de los decretos 759/2025 y 760/2025. Según se desprende de los textos oficiales, el Poder Ejecutivo argumentó que la entrada en vigencia de las leyes generaría un impacto fiscal insostenible para las cuentas públicas en ausencia de partidas específicas.
Frente a esta situación, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) resolvió por unanimidad iniciar acciones contra el Ejecutivo nacional en la Justicia, por considerar que la decisión del presidente “altera el sistema republicano y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
“La medida del Ejecutivo implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ley”, alegaron desde la casa de altos estudios.
Docentes realizarán un nuevo paro nacional por la ley de financiamiento universitario
El Gobierno nacional promulgó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica en todo el país, pero postergó su aplicación por lo que ambas normas quedan sin efecto operativo a pesar de haber sido aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial.
Es preciso recordar que, la Ley de Financiamiento Universitario había sido aprobada tras el rechazo al veto presidencial previo, y busca garantizar la actualización automática de los gastos de funcionamiento del sistema universitario nacional, así como la recuperación salarial del personal docente y no docente.
En la normativa, el mecanismo previsto fija además un ajuste bimestral según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
De acuerdo a las proyecciones incorporadas en el decreto que lleva la firma de Milei, la actualización acumulada del IPC entre mayo y diciembre de 2024 representa un 34,89%, lo que implicaría un costo adicional estimado de $123.358.213.085 solo para el ejercicio vigente. En tanto, para 2025 el gasto total ascendería a $1,06 billones y para 2026 a más de $2 billones.
En materia salarial, el Ejecutivo detalló que la inflación acumulada desde diciembre de 2023 fue del 220,45% frente a una recomposición salarial del 128,49%, por lo que la equiparación demandaría un incremento del 40,25% para alcanzar el nivel inflacionario. A ello se sumaría la incorporación al básico de sumas no remunerativas y no bonificables, con un costo proyectado de $178.984 millones en 2025 y de $490.459 millones en 2026.
Además, la ley de financiamiento universitario también contempla la actualización de los programas de becas estudiantiles Manuel Belgrano y Progresar, que deberían reajustarse conforme al IPC. Así, el crédito vigente asciende a $33.041 millones, pero su adecuación supondría desembolsos adicionales superiores a los $149.454 millones.
En paralelo, la Ley de Emergencia Pediátrica apunta a fortalecer las partidas para los hospitales infantiles, garantizar insumos y recomponer los salarios de los profesionales, además de eximir del impuesto a las ganancias a los trabajadores de especialidades críticas.
En tanto, el Gobierno de Milei calculó que la puesta en marcha del régimen exigiría una inversión de $196.270 millones, un monto que supera la disponibilidad presupuestaria del Ministerio de Salud y que equivale al 30% del total nacional destinado a medicamentos y tecnología sanitaria.
Es preciso mencionar que, en los decretos la Casa Rosada remarcó que el Congreso “no identificó de manera expresa las fuentes de financiamiento” de las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, lo que contraviene la Ley 24.156 de Administración Financiera, y sostuvo que “no se avanzará con la ejecución de ninguna de las dos normas” hasta que haya previsión presupuestaria definida.
