Además, la jueza Susana González La Riva les impuso reglas de conducta que deberán cumplir por el plazo de 2 años como fijar residencia -de la que no podrán ausentarse sin previo aviso- y someterse al cuidado del Patronato de Liberados.
Según la causa, investigada por la UFIJ N.º 20 a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia, el hecho ocurrió en octubre de 2023 cuando el responsable de la firma radicó la denuncia dando cuenta de que se estaban realizando una serie de pagos y el sistema le solicitaba a la empleada el usuario y las claves token de manera reiterada, hasta que lograron determinar el faltante de más de 150 millones de pesos.
A través de la investigación realizada sobre el movimiento de ese dinero, se logró determinar que el monto total había sido dividido y transferido a 9 cuentas con distintos titulares, ese dinero había sido transferido a otras 36 y así de manera sucesiva hasta que finalmente se adquirían criptomonedas.
Esa actividad permitió determinar algunas identidades que se repetían como titulares de las cuentas, por lo que se solicitaron -inicialmente- detenciones y allanamientos que más tarde derivaron en la identificación de estas 5 personas y del rol que cada uno de ellos cumplía en el hecho ilícito.
