«Bahía y sus vecinos tienen derecho a renacer, a que la ciudad tenga un mejor futuro. El veto no puede significar el cierre del capítulo“, aseguró y reclamó: «solicitamos al Gobierno nacional una inversión en infraestructura acorde a lo que necesita la ciudad».
Además, apuntó que la obra del canal El Cholo “hoy es un tapón para la zona baja del sur” de la ciudad y actualmente se encuentra inconclusa. «Si el Gobierno no tiene financiamiento, proponemos una concesión al Consorcio del Puerto», aseguró.
Susbielles recordó además que ya se había reunido con funcionarios de Casa Rosada, como el responsable de Infraestructura del Ministerio de Economía, “a la espera de avanzar con la ejecución del préstamo de 200 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)“.
En contraposición, valoró las inversiones del gobierno de Axel Kicillof que fueron anunciadas en las últimas semanas, como las obras de reparación y ampliación del Canal Maldonado, al tiempo que solicitó ayudas para los comerciantes damnificados que se sumen a las que viene entregando el gobierno municipal.
El veto de Javier Milei
El ajuste que impulsa el presidente Milei desde su desembarco en la Casa Rosada no perdona ni a las víctimas del peor temporal que atravesó a comienzos de marzo pasado la localidad bonaerense de Bahía Blanca. Es que el mandatario libertario aceleró este martes el paso de la motosierra y descargó todo su peso sobre los afectados por las inundaciones.
Así quedó en evidencia luego de que impusiera un veto total a la Ley de Emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca sancionada con una amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Nación.
Por medio de un decreto Milei echó por tierra la Ley 27.790 que declaraba la emergencia y catástrofe en la provincia de Buenos Aires, con especial foco en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales. Ahora el Congreso de la Nación podrá insistir en la sanción de la norma pero para ello deberá reunir el apoyo de dos tercios de los votos en ambas cámaras.
La iniciativa apuntaba a crear un fondo especial de 200 mil millones de pesos para la asistencia de las víctimas y reconstrucción de las localidades afectadas por el temporal.
La polémica decisión de Milei impacta sin atenuantes sobre los afectados por las inundaciones que esperaban la instrumentación de medidas de alivio económico, suspensión de obligaciones contractuales y acceso a créditos blandos para la reconstrucción de viviendas y apoyo a sectores productivos.
La ley vetada había sido sancionada el 4 de junio pasado y declaraba la emergencia por 180 días, creaba un fondo especial bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, otorgaba plazos de gracia en contratos y ejecuciones para damnificados, priorizaba la contratación de recursos locales en obras de infraestructura y establecía líneas de crédito preferenciales a través del Banco Nación. Además, contemplaba la articulación con el Gobierno bonaerense para eximir de impuestos y tasas a los afectados.
Para justificar el ajuste sobre los inundados, el gobierno libertario aseguró que las medidas propuestas ya habían sido implementadas mediante del Decreto 238/2025 que creaba un fondo especial de 200 mil millones de pesos gestionado por el ministerio de Seguridad y un régimen de subsidios denominado «Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR)».
El decreto presidencial advierte además que la inclusión de Coronel Rosales en la ley ahora vetada resulta “de imposible cumplimiento”, ya que la zona de asistencia fue delimitada basándose en informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional, que identificaron a Bahía Blanca como la más afectada.
Milei aseguró además que la ley vetada no incluía cuál sería la fuente de financiamiento para la conformación del fondo de asistencia a los damnificados.
