Una investigación periodística basada en un pedido de acceso a la información pública reveló que el Banco Nación concedió 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026, es decir, durante la administración de Javier Milei.
El dato cobra relevancia luego de la polémica desatada por el acceso de funcionarios de primera línea a préstamos millonarios, y permite mensurar la magnitud real de esta operatoria por primera vez.
En el período analizado, la entidad bancaria estatal otorgó un total de 25.391 préstamos para la vivienda, de acuerdo con una investigación de Ámbito.com. Esto significa que uno de cada 23 créditos hipotecarios quedó en manos de un beneficiario alcanzado por el régimen de control reforzado de la Unidad de Información Financiera (UIF).
No obstante, el universo de funcionarios beneficiados podría ser aún mayor: la normativa de la UIF deja fuera de la categoría PEP a ciertos escalafones relevantes de la estructura estatal, como subsecretarios nacionales y directivos de empresas públicas.
Banco Nación: los casos que encendieron la polémica
La controversia escaló inicialmente tras la publicación de «¿Cuánto Deben?», un sitio web de visualización de datos que expuso los registros públicos de la Central de Deudores del Banco Central. Allí se detectaron llamativas asistencias financieras a funcionarios de alto rango:
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Pedro Juan Inchauspe (director del Banco Central): $510 millones.
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Leandro Massaccesi (exjefe de Gabinete de Capital Humano, luego desplazado): $420 millones.
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Felipe Núñez (asesor del Ministerio de Economía): $373 millones.
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Federico Furiase (secretario de Finanzas): $367 millones.
Ante la filtración, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó minimizar el impacto argumentando que los préstamos a «personas vinculadas al Gobierno» representaban menos del 0,2% del total de la cartera. Sin embargo, las entidades financieras no utilizan esa definición informal, sino el rótulo técnico e institucional de PEP, bajo el cual el Banco Nación terminó reconociendo las 1.120 operaciones citadas.
Cambio de normativa y denuncia judicial
Otro punto central del debate radica en las modificaciones que implementó el Banco Nación, bajo la gestión de Javier Milei, a su línea hipotecaria «+ Hogares».
En septiembre de 2024, la entidad actualizó su reglamentación interna (Resolución 802) para incorporar de forma explícita a los «cargos políticos designados por resolución o electivos» como potenciales beneficiarios, un segmento que no figuraba de esa manera en los requisitos de la gestión anterior.
A raíz de estos cambios y de los montos otorgados, la diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal. Tras un conflicto de competencia en los tribunales, la causa quedó radicada en el juzgado federal comandado por la jueza María Eugenia Capuchetti, quien deberá determinar si existieron irregularidades o favoritismos en el otorgamiento de los fondos estatales.
