La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) salió en las últimas horas a celebrar los recientes fallos judiciales que declararon la ilegitimidad del cobro de las tasas municipales referidas a la red vial rural, dado el estado de los caminos rurales.
Es que, en los últimos días, la Justicia declaró la ilegitimidad del cobro de las tasas municipales en relación a la red vial. Entre los argumentos, los magistrados señalaron la falta de prestación efectiva del servicio en distritos como Daireaux, Azul y Carlos Casares, donde los caminos rurales están detonados.
“Estos pronunciamientos consolidan principios básicos que CARBAP viene sosteniendo desde hace años: una tasa sólo puede ser exigida cuando existe una contraprestación concreta, medible y verificable. Cuando ello no ocurre, el tributo se transforma en un impuesto encubierto, violando garantías constitucionales esenciales”, afirmó el organismo.
En esa línea, desde la entidad rural presidida por Ignacio Kovarsky señalaron que, los distintos fallos judiciales reflejan una problemática extendida: productores que pagan tasas viales sin que exista un mantenimiento adecuado de los caminos rurales, situación que generó un creciente número de reclamos y acciones judiciales en múltiples distritos.
Por caso, un informe difundido por la entidad Comunidad Rural Carlos Casares da cuenta del estado desastroso de los caminos rurales. Si bien el trabajo recoge algunas mejoras en transitabilidad, revela problemas estructurales como pozos, el famoso “serrucho”, falta de alcantarillas y otros obstáculos, ante los cuales los productores insisten en poner en marcha un plan integral y darle seguimiento legislativo al tema.
El informe realizado en colaboración del ingeniero Carlos Tinelli, detalló que el 100% de los caminos analizados presenta pozos, un dato que enciende luces de alerta en una región atravesada por la producción agrícola-ganadera y todavía golpeada por las secuelas de las inundaciones del año pasado y de los anteriores.
En términos globales, el 76% de los caminos rurales fue calificado como malo, un salto respecto al 53,4% registrado en 2023. En relación a la transitabilidad los números son temerarios: apenas un 8% de los caminos se puede usar durante todo el año, mientras que el 92% restante hay períodos en los que no se encuentran operativos.
En ese marco, los representantes de CARBAP aclararon: “El campo no rehúye sus obligaciones. Por el contrario, exige reglas claras, transparencia en el uso de los recursos y una correspondencia real entre lo que se paga y lo que se recibe”. “Entendemos que estos fallos no sólo resuelven casos particulares, sino que envían una señal institucional contundente: la presión fiscal no puede sostenerse al margen de la legalidad ni desligada de la prestación efectiva de servicios”.
En ese sentido, los representantes de las asociaciones rurales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa remarcaron que señalaron que, si bien la red vial rural es una herramienta clave para la producción, la educación, la salud y el arraigo, el deterioro de los caminos no puede convivir con niveles crecientes de carga tributaria.
Ante este escenario, CARBAP instó a los municipios a revisar sus esquemas de financiamiento, priorizar la eficiencia en la gestión y garantizar que cada tasa sea sustento en servicios reales. “La judicialización de estos conflictos, lejos de ser el camino ideal, es la consecuencia de la falta de respuesta concretas”, cerraron.
CARBAP celebró el fallo contra las tasas municipales sobre la red vial: cómo fue el reclamo por los caminos rurales en la Legislatura bonaerense
Vale recordar que, el año pasado, en medio de las inundaciones que produjeron estragos en buena parte del interior, productores rurales de Carlos Casares desembarcaron en la Legislatura bonaerense a fin de reclamar soluciones al cuerpo parlamentario. En efecto, la comitiva agropecuaria fue recibida por la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara alta.
Durante la exposición, los productores detallaron el impacto económico y social del mal estado de los caminos rurales. Además, entre los puntos, plantearon la necesidad de transparentar el uso de la tasa vial, mejorar los controles sobre los fondos afectados y establecer mecanismos de seguimiento.
En esa reunión, los productores también pusieron al tanto a los legisladores de los pormenores de la denuncia penal que presentaron contra el intendente local, Daniel Stadnik, la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, en su carácter de autoridades del Comité de Cuenca A3 del río Salado y otros funcionarios provinciales de la Autoridad del Agua (ADA) y de la Dirección de Hidráulica bonaerense.
“El intendente de Carlos Casares dijo ‘vamos a esperar que baje el agua y vamos a ver qué hacemos’. Esto es una cachetada, una falta de respeto y una incoherencia, porque este señor hace 14 años conoce la realidad del distrito y tiene responsabilidad respecto a los caminos . Por eso lo denunciamos”, dijo en ese momento Carolina Donegani, referente de Comunidad Rural Carlos Casares.
