Tras conocerse la declaración de un contratista, la diputada Marcela Pagano elevó un pedido de detención contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo la acusación de haber ejercido presiones sobre un testigo clave en la causa que investiga su presunto enriquecimiento ilícito.
En declaraciones a Ámbito.com, la legisladora fundamentó su solicitud basándose en el riesgo de entorpecimiento de la investigación.
Al respecto, Pagano sostiene que existió un contacto previo entre el entorno del funcionario y el contratista Matías Tabar antes de su declaración jurada, y acusó al jefe de Gabinete de «haber apretado a un testigo» previo a su declaración.
La denuncia indica que se habrían borrado mensajes de WhatsApp y ofrecido «ayuda legal» al testigo a cambio de eliminar evidencia del teléfono. La diputada argumentó que el cargo jerárquico que ostenta Adorni le otorga una capacidad superior para influir sobre los organismos públicos y el desarrollo del expediente.
«Tabar habría recibido contacto de la gente de Adorni para borrar conversaciones a cambio de beneficios, borrar pruebas del teléfono», indicó la experiodista a Ámbito.com.
El pedido fue presentado ante el juez Ariel Lijo invocando la doctrina «Irurzun». Este criterio judicial permite justificar la prisión preventiva si se considera que los vínculos de poder de un imputado pueden obstruir la justicia.
Aunque históricamente esta doctrina se aplicó sobre «relaciones residuales» de exfuncionarios, Pagano solicita su aplicación por analogía agravada, dado que Adorni se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones.
Como alternativa a la detención, Pagano solicitó restricciones estrictas: prohibición de contacto con testigos, retención del pasaporte, caución económica y preservación de comunicaciones.
El rol del testigo central en la investigación contra Manuel Adorni
La figura del arquitecto Tabar es considerada central para acreditar las presuntas irregularidades económicas del jefe de Gabinete.
Según las versiones que motivaron la presentación de Pagano, el intento de «apretar» al contratista constituye una maniobra concreta de interferencia que amerita la medida restrictiva de libertad para garantizar la transparencia del proceso judicial encabezado por el fiscal Gerardo Pollicita.
