El titular de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo, presentó este martes un proyecto de ley para cobrarle el acceso a la salud y a la educación universitaria en la provincia de Buenos Aires a los extranjeros que no tengan residencia permanente.
En ese sentido, la iniciativa para arancelar la salud y la educación superior a los extranjeros contó con el acompañamiento de buena parte de la bancada violeta, como así también del titular del bloque PRO en la Cámara baja, Alejandro Rabinovich.
Según el articulado, el proyecto tiene por objeto establecer un régimen de arancelamiento de las prestaciones sanitarias brindadas por los establecimientos públicos y de retribuciones por los estudios de grado cursado en universidades provinciales de gestión estatal, aplicable a las personas extranjeras que no acrediten residencia permanente en el país.
“La salud pública y la educación universitaria se sostienen con el esfuerzo de los contribuyentes. No resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contar con un seguro, sin contribuir a su sostenimiento y sin asumir el costo correspondiente, mientras que en otros países la situación es completamente diferente para los bonaerenses”, fundamentó Romo.
Es preciso mencionar que, el diputado libertario se hizo eco de las recientes críticas hacia la Selección Argentina por parte de extranjeros de distintos países tras la finalización del Mundial 2026. “¿Así que hay extranjeros estudian gratis en el país y se atienden gratis en hospitales públicos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia”, manifestó a través de sus redes sociales.
En detalle, Romo indicó que las personas que no acrediten residencia permanente en el país, es decir los extranjeros con residencia temporaria y transitoria, deberán solventar el costo de las prestaciones sanitarias que reciban, por si mismas, mediante seguro de salud o a través de un tercero obligado.
De esta manera, el Ministerio de Salud de la Provincia, a través del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), deberá “adecuar y publicar el nomenclador arancelario”, para que los efectores públicos provinciales registren la prestación, identifiquen al sujeto obligado y emitan la liquidación correspondiente una vez promulgada la ley.
Al mismo tiempo, la propuesta parlamentaria fija excepciones expresas al cobro. “Ninguna persona podrá ser rechazada, demorada ni condicionada en casos de emergencia con riesgo inminente para la vida; el eventual recupero del costo se tramitaría recién después de estabilizar al paciente”, plantea el texto.
En el caso de las universidades provinciales de gestión estatal, tales como la Universidad del Sudeste, y la Universidad provincial de Ezeiza, los órganos superiores de cada institución serán los encargados de fijar las retribuciones por los estudios de grado que cursen estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente.
“La Provincia no puede continuar financiando sin límites la formación de personas que no han asumido un compromiso permanente con el país, mientras existen estudiantes bonaerenses que necesitan mejores edificios, más tecnología, becas y condiciones adecuadas para estudiar”, puntualiza el proyecto elevado en Diputados por La Libertad Avanza y acompañado por el PRO.
Por último, la iniciativa incluye una cláusula de transparencia: el Ministerio de Salud y las universidades de gestión provincial alcanzadas deberán publicar anualmente la cantidad de prestaciones o estudiantes comprendidos, los montos facturados y percibidos, las exenciones otorgadas, los costos administrativos y el destino de los recursos.
