Este miércoles, la reunión de la Comisión de Industria y Minería de la Cámara de Diputados bonaerense tuvo como eje central la exposición de representantes pymes vinculadas a la producción de biodiésel, quienes alertaron sobre el proyecto de ley impulsado en el Congreso por la legisladora de LLA, Patricia Bullrich, para desregular el mercado de los biocombustibles.
El cuerpo parlamentario, presidido por el diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, recibió esta tarde a representantes de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB). “Nos manifestaron el impacto que el proyecto nacional tendría en el interior de la provincia, donde las empresas de biodiésel se verían perjudicadas”, afirmó el legislador en diálogo con Diputados Bonaerenses.
Si bien el tratamiento de la nueva ley de biocombustibles ocurre en el ámbito nacional, De Leo consideró que el Estado provincial tiene una oportunidad para debatir y fijar una postura institucional frente al tema. “La provincia de Buenos Aires necesita tener más empatía con este sector, porque no es un actor de la economía a subestimar”, subrayó.
En ese sentido, el legislador de la Sexta sección electoral detalló que hay posiciones contrapuestas en la Comisión de Industria y Minería, donde algunos apoyan la reforma y otros, entre los que se incluyó, consideraron que hay que darle “una vuelta de tuerca” a la legislación actual, con un enfoque puesto en defender los puestos de trabajo en el interior bonaerense.
“Hay algunos legisladores que están consustanciados con la posición de las empresas y otros, entre los que me incluyo, consideramos que hay que darle una vuelta a la legislación actual con la mirada puesta en defender los puestos de trabajo. Tiene mucho impacto en las economías regionales y estas decisiones muchas veces se toman al calor de las grandes corporaciones, que tienen casi nula presencia en las localidades”, amplió el titular del bloque que responde a Elisa Carrió.
En mayo de este año, la senadora nacional Patricia Bullrich (LLA) presentó un proyecto para derogar la Ley 27.640 (con vigencia hasta 2030) y aprobar un nuevo “Marco Regulatorio de Biocombustibles”, en el que se eleva el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10% y desaparece el precio fijado por la Secretaría de Energía tanto para el bioetanol como para el biodiésel.
Durante la reunión ordinaria de la comisión de Industria y Minería de la Cámara baja bonaerense, representantes de CEPREB remarcaron que la iniciativa respaldada por el gobierno de Javier Milei concentra la elaboración de biodiesel en seis grupos empresarios de Santa Fe y condena a la quiebra a plantas de provincias como Buenos Aires, que alberga a más de 600 empleados en el rubro.
“El proyecto de Bullrich apunta a que las empresas pymes pasen a competir libremente contra las grandes aceiteras multinacionales, esto es imposible porque las aceiteras son dueñas de las materias primas, tienen el control de los precios, una menor carga impositiva y las plantas más grandes del país”, expresó a este medio el director Ejecutivo de CEPREB, Federico Martelli.
En rigor, desde la Cámara aclararon que con la legislación actual, las pequeñas y medianas empresas abastecen el mercado interno y las aceiteras exportan, pero como el comercio externo evidenció un retroceso, las “aceiteras buscan ocupar el lugar de las pymes”. “Si quieren entrar al mercado interno, buscamos que sea aumentando el cupo del biodiesel y estableciendo segmentos diferenciados”, planteó Martelli.
De que trata la nueva ley de biocombustibles
La Ley 26.093 de 2006 fijó la mezcla obligatoria de biocombustibles con combustibles fósiles, estableciendo un corte del 12% de bioetanol en la nafta y del 7,5% de biodiésel en el gasoil, junto con incentivos fiscales para la construcción de plantas productoras en localidades del interior, para promover alternativas energéticas renovables.
El proyecto de ley elevado por Patricia Bullrich plantea reformar la normativa, es decir, aumentar el porcentaje obligatorio de biodiésel en el gasoil de 7,5% a 10% y el de bioetanol en las naftas de 12% a 15%, como así también establecer un sistema electrónico para la comercialización.
En los fundamentos del texto, que comenzó a tratarse en comisiones del Senado nacional, la legisladora libertaria señaló que la iniciativa tiene el objetivo de promover la competitividad, alentar las inversiones en el sector y facilitar la transición hacia un “mercado dinámico, desregulado y libre de acuerdos entre privados”.
De acuerdo con la visión oficial, el sector productivo argentino de biocombustibles, principalmente biodiésel y bioetanol de maíz, alcanzó una escala industrial y tecnológica que permite competir sin precios administrados ni un mercado cautivo. No obstante, la iniciativa generó rechazo de pymes y sectores de la industria automotriz como ADEFA.
