Este jueves, la diputada bonaerense Natalia Dziakowski apuntó contra el Gobierno nacional de Javier Milei luego de que se conociera que el municipio de Bahía Blanca debe asumir un alquiler millonario por dos puentes modulares que el Ejército Argentino montó después del temporal.
Según expresó Dziakowski en un extenso posteo en redes sociales, esos puentes, inicialmente presentados como ayuda institucional, se transformaron en una factura más para los vecinos, ya que cada uno de los puentes cuesta millones de pesos por trimestre, que suman más de 40 millones en total de gastos para el municipio encabezado por Federico Susbielles.
Es preciso mencionar que, la contratación fue formalizada mediante decretos que autorizan pagos de $17.670.949,44 por unidad, además del costo de seguros que superan los 8 millones. En ese marco, Dziakowski acusó al Gobierno nacional de facturar la ayuda, luego de vetar una ley de emergencia y recortar los fondos que Bahía Blanca esperaba para su recuperación.
Cabe recordar que, los puentes se instalaron sobre el cauce del Canal Maldonado, en las avenidas Malvinas y Santa Cruz, como estructuras modulares COMPAC BAILEY, con rampas de 36,5 metros cada uno. La obra, que debía restablecer conectividad entre zonas afectadas, quedó en un escenario donde quienes perdieron todo ahora deben costear una reconstrucción que se suponía era “estatal y solidaria”.
Sin embargo, el conflicto tiene raíces profundas, ya que Dziakowski señaló que tras perder 18 vidas por el temporal y padecer el veto de la ley de emergencia, Bahía Blanca espera desde hace meses obras estructurales, pero el Estado nacional optó por la vía del cobro. “No hay federalismo sin justicia territorial”, escribió la legisladora que reclamó inversión, presencia estatal y empatía hacia el interior bonaerense.
Para Dziakowski, la cadena de decisiones desnuda la indiferencia del poder central: primero se vetó la ley de emergencia, luego se recortaron los fondos y ahora se cobra el alquiler por puentes instalados en ese mismo contexto crítico. A su juicio, Bahía Blanca no necesita discursos sino respuestas concretas que permitan reconstruir la infraestructura y proteger a los vecinos.
Este episodio encendió alarmas en la Legislatura bonaerense porque representa un nuevo nivel de tensión entre jurisdicciones que carga sobre los gobiernos locales el costo financiero de intervenciones que fueron promovidas como asistencias estatales. Por eso, la diputada advierte que este modelo “no es sostenible para municipios que ya están desbordados por los efectos de la catástrofe”, como es el caso de Bahía Blanca.
El Senado convirtió en ley la emergencia económica, sanitaria y ambiental para Bahía Blanca
A más de medio año del fatídico temporal en Bahía Blanca que se llevó la vida de 17 personas, dejó miles de evacuados y generó destrozos en miles de hogares, el Senado bonaerense convirtió en ley el proyecto que presentaron en conjunto los legisladores de la Sexta sección, que declara la emergencia social, económica, sanitaria, ambiental y urbana en la ciudad costera.
La propuesta lleva la firma de los diputados peronistas Maite Alvado y Alejandro Dichiara, de los radicales Anahí Bilbao y Emiliano Balbín, de la libertaria Abigail Gómez, y de la parlamentaria del GEN, Natalia Dziakowski. Todos estos legisladores pertenecen a la región que el pasado 8 de marzo fue el epicentro de un fuerte temporal, que azotó principalmente a Bahía Blanca y municipios linderos.
En rigor, el proyecto de ley declara la emergencia en Bahía Blanca por los próximos 180 días, crea una Comisión Bicameral integrada con los diputados y senadores de la Sexta para atender las problemáticas municipales a través de la Legislatura, y propone una serie de exenciones impositivas para los habitantes de la ciudad que conduce el intendente peronista Federico Susbielles.
En concreto, entre las ayudas que expone la iniciativa que esta tarde obtuvo sanción definitiva del Senado bonaerense, se encuentra el alivio fiscal para damnificados, suspensiones de desalojos y ejecuciones, creaciones de líneas de créditos accesibles, asistencia para jubilados y pensionados afectados, y medidas ambientales excepcionales.
Es que, el proyecto también contempla la creación de un Comité Temporal de Emergencia, que funcionará bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y del Estado municipal, el cual se encargará de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y voluminosos generados por la emergencia.
