El Gobierno nacional se prepara para enviar al Congreso durante junio un proyecto de ley que busca modificar de manera profunda el funcionamiento del mercado inmobiliario argentino y volvió a encender las alarmas de los colegios profesionales. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apunta a eliminar una serie de requisitos y regulaciones que actualmente rigen sobre la actividad de corredores y martilleros.
Entre los principales cambios previstos figura la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula y del título universitario para ejercer como corredor inmobiliario, al tiempo que contempla habilitar el ejercicio de la actividad en distintas jurisdicciones, permitir la participación de personas humanas y jurídicas con la liberación del esquema de honorarios y comisiones.
La propuesta establece además que el corretaje podrá desarrollarse a través de plataformas digitales, aplicaciones móviles, portales web y cualquier entorno virtual. Desde el Gobierno nacional sostienen que las modificaciones permitirán reducir barreras de ingreso, ampliar la competencia y facilitar el acceso a servicios inmobiliarios.
En este contexto, desde la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) respaldaron una apertura más amplia del mercado y sostienen que la matrícula obligatoria funciona como una barrera de ingreso que limita la competencia. Para el presidente de la entidad, Mariano García Malbrán, el debate debe enfocarse en la protección del consumidor y no en la preservación de estructuras corporativas. “El sistema actual limita la competencia porque impide que personas formadas comercialmente puedan prestar servicios inmobiliarios si no pertenecen al esquema colegiado tradicional”, afirmó.
Según García Malbrán, los mecanismos de reputación digital, trazabilidad de las operaciones y evaluación de usuarios ofrecen herramientas más eficientes para garantizar transparencia que los modelos colegiados tradicionales. “Hoy la transparencia no la garantiza un sello, sino la reputación, la trazabilidad digital y la competencia”, sostuvo.
Por otra parte, la actual senadora nacional, Patricia Bullrich, expresó en 2023 durante una reunión con el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (COFECI) y el Colegio Inmobiliario porteño que el corredor matriculado “da confianza a las partes y garantiza el éxito de una transacción inmobiliaria”, además de considerar esencial el rol de los colegios profesionales como entidades ordenadoras del mercado.
Por caso, la presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y titular de COFECI, Marta Liotto, afirmó que la Nación no tiene facultades para modificar los sistemas de habilitación y matriculación profesional. “No hay sustento jurídico para ello. La habilitación y matriculación de los profesionales corresponde a las provincias y no fue delegada a la Nación”, señaló la dirigente, cuya entidad representa a más de 35.000 matriculados de todo el país.
Liotto también rechazó la idea de equiparar el corretaje con una actividad comercial común, ya que según explicó, la tarea del corredor involucra patrimonio, documentación legal, verificaciones contractuales y responsabilidades profesionales que requieren formación específica y capacitación permanente.
La titular de la entidad porteña remarcó que más del 95% de las operaciones inmobiliarias que se realizan actualmente en el país cuentan con la participación de corredores matriculados. Apenas entre el 3% y el 5% corresponde a operaciones entre particulares, permutas o acuerdos sin intermediación profesional.
