El Poder Ejecutivo Nacional formalizó este miércoles, a través del decreto 1334/2026, el protocolo de seguridad y custodia del espacio aéreo que regirá en la Argentina con motivo de la inminente llegada de la máxima autoridad de la Iglesia Católica. La medida, encomienda a las Fuerzas Armadas la tarea de vigilar, identificar e interceptar cualquier vehículo aéreo que pretenda vulnerar las zonas delimitadas como de máxima protección diplomática y estatal. La disposición oficial procura garantizar la integridad física del Pontífice y de las comitivas internacionales que lo acompañarán en las distintas actividades previstas en el país.
Según se precisa en el articulado de la norma, la autoridad militar asignada al operativo de defensa aeroespacial quedó plenamente facultada para aplicar medidas de disuasión, persuasión e intimidación ante el despliegue de vectores no identificados. En los casos más extremos, donde una aeronave de origen externo sea catalogada formalmente como hostil tras desobedecer las órdenes de la aviación defensiva o dar indicios claros de ejecutar un ataque inminente contra objetivos estratégicos o la población civil, el comando operativo podrá disponer el empleo proporcional de la fuerza armada, contemplando el derribo o neutralización de la amenaza como última instancia de protección nacional.
Alcance territorial y excepciones del protocolo
El marco normativo fija que el estricto control de vuelos estará focalizado en las delimitaciones operativas que comprenden los desplazamientos oficiales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, la ciudad de Córdoba y la localidad bonaerense de Luján. El dispositivo mantendrá una vigencia temporal acotada, operando de manera ininterrumpida únicamente desde la llegada del Sumo Pontífice el 8 de noviembre hasta la conclusión de la agenda institucional el 11 de noviembre. Durante esa ventana temporal, la aviación comercial, civil y deportiva deberá amoldarse a severas restricciones de tránsito y a la solicitud previa de autorizaciones especiales en los corredores aéreos asignados.
Por otra parte, la resolución efectúa una clara diferenciación legal en materia de competencias normativas para evitar contravenciones al marco jurídico vigente. Las disposiciones referidas al uso de armamento y derribo rigen exclusivamente sobre intrusiones o agresiones perpetradas por vectores que provengan del exterior del espacio aéreo nacional. En contraste, cualquier incidente que involucre a aeronaves o dispositivos de matriculación civil interna se mantendrá estrictamente bajo el encuadre de la Ley de Seguridad Interior, derivando el accionar operativo y la custodia en las fuerzas de seguridad federales.
Coordinación operacional y niveles de alerta
El engranaje defensivo articulará el trabajo coordinado entre el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Administración Nacional de Aviación Civil. En los principales puntos operativos se dispondrá de radarización constante y patrullajes preventivos para monitorear en tiempo real los movimientos aéreos de baja, media y alta altitud. Las autoridades aclararon que el objetivo central es disuadir cualquier eventualidad antes de requerir instancias de confrontación directa.
Con este despliegue sin precedentes en la historia reciente de la custodia diplomática nacional, las áreas de seguridad del Estado buscan blindar las maniobras de traslado del Santo Padre y ofrecer las garantías operativas que demandan los estándares internacionales para eventos de esta magnitud.
