El Gobierno renovó este jueves su determinación de suspender la Ley de Emergencia en Discapacidad al presentar un planteo ante la Corte Suprema de la Nación. La norma fue aprobada por el Congreso en 2025, vetada por el Ejecutivo, repuesta por el órgano legislativo y, por último, reglamentada de manera inadecuada, como hicieron notar desde los sectores afectados.
El recurso extraordinario federal fue presentado a través de la Procuración del Tesoro de la Nación con la explicación de que aplicar esa norma «produce consecuencias irreparables para el conjunto de la sociedad al comprometer las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal».
Pero cuando finalmente se reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad se aplicaron aumentos mínimos en el nomenclador de prestaciones médicas y otros servicios, lo que dejó a profesionales y pacientes en la misma situación precaria que al inicio de su campaña para lograr una norma que los proteja.
Organizaciones por los derechos de las personas con discapacidad presentaron sus planteos ante la justicia por el tema, y las instancias se agotaron siempre a favor de los demandantes.
Aún así, el Gobierno mantiene su postura.
«Esto había comenzado con un reclamo colectivo en San Martín. Finalmente se le pide al Gobierno que cumpla con la ley, y ahora el Gobierno lo que hace es ir directamente a la Corte Suprema para pedir que se suspenda», informó la periodista Martina Garbarz en X.
La Procuración del Tesoro, señaló la periodista, «argumenta que su implementación costaría más que todo el presupuesto nacional y paralizaría funciones esenciales del Estado».
Por caso, en el texto consta que que «la sentencia recurrida genera una situación de gravedad institucional, dado que -al declarar abstracta la cuestión- ratifica declaración de inconstitucionalidad del Decreto N° 681/2025 obliga al Estado Nacional a realizar enormes erogaciones presupuestarias sin que se hayan previsto las fuentes de financiamiento -tal como ordena el artículo 5 de la Ley N° 24.629-«.
Según el Gobierno que lidera Javier Milei, la ley «produce consecuencias irreparables para el conjunto de la sociedad al comprometer las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal, dada la extensión dada al proceso (colectivo con alcance nacional) y el impacto fiscal de la implementación de la Ley N° 27.793 en las condiciones actuales, que pone en riesgo el sostenimiento del sistema de seguridad social y el financiamiento de áreas críticas».
