Este viernes, la jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa de la Nación, Luciana Carrasco, negó que el alquiler de los puentes modulares al municipio de Bahía Blanca sea “arbitrario” o una cuestión de afinidad política con el jefe comunal de la localidad, y aseguró que el pago del municipio a la cartera encabezada por Luis Petri responde únicamente a un convenio legal formalizado tras el período gratuito inicial.
En ese sentido, la funcionaria del ministerio de Defensa explicó que durante la emergencia por la inundación que sufrió la ciudad de Bahía Blanca en marzo, las Fuerzas Armadas montaron las estructuras de los puentes modulares sin costo por 90 días, y que luego, a pedido del intendente, se firmó un contrato con canon de mantenimiento conforme a la Ley 20.459.
En tanto, Carrasco recordó que, cuando el temporal asoló a Bahía Blanca, las Fuerzas Armadas fueron las primeras en llegar y desplegaron dos puentes móviles Compact Bailey de 36 metros, lo que permitió restablecer la conectividad, el traslado de víveres y la llegada de asistencia urgente, y aseguró que durante ese tiempo se firmaron actas que autorizaban su instalación sin pago alguno por tres meses como medida de emergencia.
Una vez cumplido ese plazo, Carrasco detalló que el municipio, a instancias del propio intendente, suscribió un convenio legal con el Ejército para que los puentes quedaran bajo un canon mínimo de mantenimiento, tal como permite la Ley 20.459. Esa norma ya había sido utilizada en gestiones anteriores, incluso por gobiernos kirchneristas que realizaron ajustes similares en situaciones de emergencias regionales.
Por caso, los decretos municipales 2188 y 2189 del año en curso, mencionados por Carrasco, establecen que cada puente costará 17.670.949,44 pesos por trimestre, con posibilidad de prorrogar el contrato al vencerse, al tiempo que autorizan el pago de un seguro de 8.417.134,18 pesos a Provincia Seguros S.A, con fecha del 19 de septiembre, aunque la vigencia retroactiva fue fijada a partir del 10 y 14 de junio respectivamente.
En un extenso posteo en redes sociales, la funcionaria del Ministerio de Defensa enfatizó que durante la catástrofe en Bahía Blanca las Fuerzas de Seguridad desplegaron más de 1.000 millones de pesos en recursos materiales y humanos, con intervención del Ejército, la Armada, la movilización de mil efectivos, 700 marinos, 73 vehículos, 27 botes, helicópteros, aviones y plantas potabilizadoras. Todo ello, indicó Carrasco, fue para asistir una ciudad que lleva 50 años sin recibir las obras hídricas necesarias por parte de la provincia.
En ese marco, Carrasco contrapuso este esfuerzo con el gasto estatal de otros niveles, al criticar que el gobierno de la provincia de Buenos Aires destinó 4.900 millones de pesos en seis meses a políticas de género y diversidad, y que el municipio de Bahía Blanca destinó 400 millones en publicidad y propaganda.
El mensaje final de la funcionaria de Defensa fue claro, ya que sostuvo que el cobro por los puentes no es un “acto caprichoso” de la cartera, sino una práctica prevista legalmente cuando se agota el periodo gratuito de emergencia, y remarcó que el canon aplicado no es exorbitante, sino un mínimo mantenimiento. “Con las Fuerzas no. Cuando otros fallan, ellas están”, concluyó.
Dziakowski apuntó contra el Gobierno por el alquiler de los puentes a Bahía Blanca
Este jueves, la diputada bonaerense Natalia Dziakowski apuntó contra el Gobierno nacional de Javier Milei luego de que se conociera que el municipio de Bahía Blanca debe asumir un alquiler millonario por dos puentes modulares que el Ejército Argentino montó después del temporal.
Según expresó Dziakowski en un extenso posteo en redes sociales, esos puentes, inicialmente presentados como ayuda institucional, se transformaron en una factura más para los vecinos, ya que cada uno de los puentes cuesta millones de pesos por trimestre, que suman más de 40 millones en total de gastos para el municipio encabezado por Federico Susbielles.
En ese sentido, Dziakowski señaló que tras perder 18 vidas por el temporal y padecer el veto de la ley de emergencia, Bahía Blanca espera desde hace meses obras estructurales, pero el Estado nacional optó por la vía del cobro. “No hay federalismo sin justicia territorial”, escribió la legisladora que reclamó inversión, presencia estatal y empatía hacia el interior bonaerense.
Para Dziakowski, la cadena de decisiones desnuda la indiferencia del poder central: primero se vetó la ley de emergencia, luego se recortaron los fondos y ahora se cobra el alquiler por puentes instalados en ese mismo contexto crítico. A su juicio, Bahía Blanca no necesita discursos sino respuestas concretas que permitan reconstruir la infraestructura y proteger a los vecinos.
